Manifiesta su preocupación ante la aplicación de los artículos del Código Penal "por su ambigüedad sobre el terrorismo"
VITORIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director de la Sección española de Amnistía Internacional(AI), Esteban Beltrán, defendió hoy que las acusaciones contra los detenidos acusados de tratar de formar una nueva cúpula de Batasuna deben estar "basadas en cuestiones fundamentadas y argumentadas según el principio de legalidad", y manifestó su preocupación por la aplicación de los artículos del Código Penal "por su ambigüedad sobre el terrorismo".
Beltrán compareció hoy ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco para presentar el informe de la organización de 2009 y el informe titulado 'Detención en régimen de incomunicación: lo que los ojos no ven'.
El director de la Sección española de Amnistía Internacional inició su comparecencia recordando que "muchos de ustedes sufren su acción política bajo la amenazada de ETA, han sido víctimas directas de sus atentados o han visto a sus familiares asesinados", por ello reiteró la condena y rechazo de AI a "cualquier argumento u objetivo que pretenda justificar los atentados" de ETA e instó a la banda a "poner fin de inmediato y con carácter definitivo a esta campaña de homicidios y hostigamiento a amplios sectores de la población del País vasco".
Beltrán defendió que su organización no es favorable a eliminar la Ley de Partidos pero "sí la ambigüedad en determinados artículos". En este sentido, explicó que "tanto en la Ley de Partidos políticos como en el Código Penal existen ambigüedades". "El estado debe perseguir las actividades delictivas que se cometen pero no debe haber ambigüedades", insistió.
Además, explicó que el articulo 576 del Código Penal establece como delito "llevar a cabo, recabar, o facilitar cualquier acto de colaboración con las actividades, o la finalidad de una banda armada, organización, o grupo terrorista". Para el responsable de AI, este artículo es "muy ambiguo" ya que "se podría aplicar a personas que piden la independencia".
Al respecto, hizo referencia a las detenciones de la supuesta nueva cúpula de Batasuna para afirmar que AI no conoce todavía el auto pero subrayó que "si el juez tiene elementos para perseguir y decretar la prisión provisional y las detenciones de personas, tiene que estar basado en cuestiones fundamentadas y argumentadas".
Sin embargo, alertó que estas decisiones deben ser "muy claras y según el principio de legalidad por cuestiones como que se haya cometido un acto delictivo de forma individual o que se ha producido un acto en condiciones delictivas". "Mantenemos una cierta preocupación por la aplicación de los artículos del Código Penal por su ambigüedad sobre el terrorismo", explicó.
Asimismo, insistió en que "habrá que ver cuál es la acusación concreta, individual y enmarcada en un principio de legalidad", ya que "en algunos casos, no en éstos en concreto, hemos mostrado nuestra preocupación por personas que luego fueron absueltas, en los que la aplicación del Código Penal no se hizo de forma individualizada".
INCOMUNICACIÓN EN LAS DETENCIONES
Por otro lado, el director de Amnistía Internacional en España presentó el informe 'Detección en Régimen de Incomunicación: lo que los ojos no ven', en el que afirma que España debe poner fin a la práctica de la detención en régimen de incomunicación al considerar que "viola los derechos de las personas privadas de su libertad".
Para Beltrán, España es el país "más estricto" con el regimen de incomunicación en las detenciones y defendió que en Reino Unido, establece que "el derecho de una persona a comunicarse forma parte requisitos básicos del enjuiciamiento justo". "Ningún otro país de la Unión Europea conserva un régimen de detención con restricciones tan severas de los derechos de la persona detenida", defendió.
Además, reconoció que las garantías existentes "no son suficientes" ya que "no van a eliminar la tortura y los malos tratos", pero apostó por comenzar a tomar este tipo de garantía "para enfrentarnos a un tema global como es este". Por ello, consideró necesario que los detenidos accedan a una asistencia letrada a su elección; un médico de su elección "porque los exámenes forenses no son los correctos"; y a "una tutela judicial correcta que obligue al juez a ver al detenido antes, durante y después de la incomunicación".
En este sentido, respaldó la instalación de videocámaras en las comisarías de acuerdo con el sistema establecido en el Consejo Europa que establece que las videocámaras puedan estar en todos los sitios donde esté el detenido y se mantengan las grabaciones durante más de seis meses, entre otras.
Beltrán advirtió que las denuncias de tortura durante detenciones en régimen de incomunicación "no son sistémicas pero son más que casos aislados" y apostó por aumentar la garantías porque las investigaciones que se llevan a cabo "no son sistemáticas, independientes, prontas y exhaustivas".
RECOMENDACIONES
Por ello, trasladó al Parlamento varias recomendaciones como la petición al Gobierno central para que ponga fin al uso de detención en régimen de incomunicación; derogar los artículos que hacen referencia a este aspecto en la Ley de Enjuiciamiento penal; que se garantice a todas las personas privadas de libertad su derecho a hablar con un abogado de libre elección en privado y a que sean examinados por un médico de su elección; y garantizar que todas las personas detenidas puedan ejercer su derecho a notificar a un familiar su detención y el lugar donde se encuentra.
Por otro lado, se dirigió al Gobierno vasco, y en concreto, a la Consejería de Interior, para solicitar que pida que mientras continúe el régimen de incomunicación, introduzca equipos de grabación de vídeos y audio en todas las salas de detenidos, salvo que esto impida el derecho a consultar en privado con su abogado, e insistió en que todos los interrogatorios deberán grabarse en audio y vídeo y mantenerse en lugar seguro durante un plazo razonable.
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