MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está investigado al cantante Alejandro Sanz y a una lista de entre 150 y 200 nombres de personas y sociedades por la presunta evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Por el momento, el juez no ha imputado a ninguna de las personas investigadas, entre las que también se encuentra el padre del secretario general de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, y ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre la actual situación fiscal de los investigados.
El informe de Hacienda deberá determinar si las personas investigadas han regulado su situación con el erario público desde el pasado mes de julio hasta ahora, y en caso de que el informe sea favorable no serán imputados.
La denuncia parte de la Fiscalía Anticorrupción, después de que el pasado 15 de julio recibiera una lista con casi 200 nombres de sociedades y particulares españoles que poseían cuentas en Liechtenstein.
Ese mismo día, Pedraz ordenó entradas y registros en las sedes de varias sociedades y domicilios particulares en una operación a nivel nacional que se desarrolló en las ciudades de Madrid, Marbella, Barcelona y Zaragoza.
El Reino Unido remitió este listado de los españoles con cuentas en entidades de este paraíso fiscal europeo a la Fiscalía tras recibirlo de Alemania.
La relación de nombres es parte del contenido del DVD que el Estado alemán compró a un confidente por valor de 4,2 millones de euros con datos de clientes de la entidad Liechtenstein Global Trust Group (LGT) y que destapó el mayor escándalo fiscal de la historia del país, según confirmaron fuentes de la Fiscalía.
El titular del Juzgado Central del Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario y mantiene abiertos 35 sumarios de diligencias previas distintas por estos supuestos desvíos, según las mismas fuentes.
Según la publica hoy la revista 'Interviú', en el listado completo figuran 67 españoles que habrían ocultado cerca de 170 millones de euros en el paraíso fiscal. Estos hechos provocaron que la Hacienda Pública dejara de ingresar más de 73 millones de euros entre 2002 y 2006.
