Economía/Legal.- Expertos consideran que la Administración de Justicia no actuó correctamente en las estafas filatélicas

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios expertos jurídicos y económicos han coincidido en señalar que la Administración de Justicia incurrió en "mala praxis" en los casos de Fórum Filatélico y Afinsa, al considerar que sí que existió responsabilidad del Estado por no controlar a las empresas.

Esta es la principal conclusión de la jornada jurídica celebrada hoy en el Círculo de Bellas Artes y organizada por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur).

Para la todos los ponentes, la "manipulación" política de la justicia en el caso Fórum y Afinsa ha situado a más de medio millón de ciudadanos en una situación de indefensión jurídica que, de facto, supone una quiebra del Estado de Derecho.

En este sentido, las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que rechazaron cualquier responsabilidad patrimonial del Estado en las presuntas estafas revelan la "mala praxis" de la administración de Justicia y abren otras vías de reclamación que serán ejercitadas en breve por los perjudicados.

Según el ex senador del Partido Popular (PP) Javier Maqueda declaró que "es vergonzosa la falta de reacción de la clase política ante un problema social de esta magnitud, máxime cuando todo alrededor de estas intervenciones es irregular, sino directamente improcedente".

Por su parte, el Abogado del Estado Hernández Marqués explicó que, en estos casos, "se observa que el comportamiento de los poderes públicos tenía tildes de contradicción", sobre todo en la calificación de la naturaleza de los contratos de las filatélicas, que "según el interés del momento" son mercantiles o financieros.

El catedrático José Luis Vázquez señaló que "los dos grandes fracasos" fueron la falta de control de los organismos públicos y la actuación "irregular" de la justicia en los diferentes procedimientos jurídicos abiertos.

En sus conclusiones, los ponentes coincidieron en señalar que la actuación del Estado fue "desproporcionada" y no se ajustó ni a las recomendaciones de la OCDE, ni a la Constitución Española ni al derecho en general.

Por último, destacaron que la solución a este problema, que el Gobierno sigue teniendo encima de la mesa, pasa por la unidad de todos los perjudicados en la negociación de un acuerdo político a través de una propuesta unificada que satisfaga a todas las partes.