ERC ve injusto que todas las víctimas de terrorismo o violencia de género tengan justicia gratuita aunque posean dinero

Pide ampliar este derecho en el caso de personas con discapacidad

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

ERC considera injusto que todas las víctimas de terrorismo, violencia de género o trata de seres humanos tendan derecho a la justicia gratuita aunque tengan ingresos suficientes para costearse un abogado. Entiende que la nueva ley de asistencia jurídica gratuita debe eliminar esta cuestión o, si no, acompañarse de una dotación económica que permita garantizar un gasto que aumentará "exponencialmente".

Así figura en las enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado ERC al articulado del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que extiende este derecho a determinados colectivos y asociaciones con independencia de cúales sean sus recursos económicos.

Para la formación catalana, esta extensión es "injusta, discriminatoria y contraria" a la esencia misma de la justicia gratuita, que se debe destinar a los más desfavorecidos. Según precisa, el hechod e que estas víctimas deban ser defendidas inmediatamente y con carácter prioritario no obsta a que después deban acreditar la insuficiencia de recursos para litigar.

Si el Gobierno decide mantener tal regulación, advierte de que la ley debe acompañarse de una "dotación económica suficiente ya que el incremento en el gasto puede multiplicarse exponencialmente".

Eso sí, ERC insta a reconocer con carácter general la asistencia jurídica gratuita para las personas con discapacidad con un umbral de ingresos por debajo del quíntuplo del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) ya que tienen gastos extraordinarios como consecuencia de su situación.

PROXIMIDAD ENTRE ABOGADO Y CIUDADANO

ERC defiende una de las reivindicaciones de la Abogacía, como es que el abogado disponga de un despacho abierto en el ámbito del colegio al que esté adscrito. Ello ayuda a la relación de confianza y la asistencia continua de los letrados de oficio con los ciudadanos.

"La relación entre ambos requiere de continuas y frecuentes entrevistas entre ellos a lo largo del curso del procedimiento judicial, lo que llevaría al absurdo de cargar sobre el ciudadano la obligación de desplazamientos de hasta tres horas para poder mantener una entrevista con el profesional asignado, cada vez que necesite mantener la misma", dice.

Concluye, en una comparación "simplista", que "a nadie se le ocurriría obligar en el ámbito sanitario a los ciudadanos a ser visitados por médico situado a más de tres horas, existiendo disponibilidad de profesionales de la salud más próximos al ciudadano".