El exjuez Vidal pactó con ERC un pago mensual de 3.000 euros por aceptar su dimisión como senador

Se comprometió a hacer trabajos para la Fundación Irla hasta febrero de 2018 en que prevé reincorporarse a la carrera judicial MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) - El exjuez Santiago Vidal pactó con ERC un pago mensual de 3.000 euros al dimitir "sin oposición" como portavoz de esta formación en el Senado en enero pasado. Su compromiso consistió en realizar informes para la Fundación Irla, vinculada a este partido político, hasta febrero de 2018 en que prevé reincorporarse a la carrera judicial. Así consta en un correo electrónico que envió el exjuez a Lluís Pérez, director académico de la Fundación Irla y a otra persona llamada Jordi, en el que les reprochaba que no le hubieran pagado la segunda factura que había girado a la citada entidad. El exjuez Santiago Vidal anunció su dimisión como senador de ERC el pasado 27 de enero, tras conocerse que había afirmado, durante unas conferencias sobre la futura República catalana por varios lugares de Cataluña, que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes, dando a entender que los había obtenido de manera ilegal. Tras hacer efectiva su dimisión, el juez no podía volver a la carrera judicial ya que fue suspendido de empleo y sueldo por el Consejo del Poder Judicial por un periodo de tres años, que se cumplen en febrero del próximo año. El e-mail, al que ha tenido acceso Europa Press, y que está incorporado al procedimiento que investiga el Juzgado número 13 de Barcelona es del pasado 11 de julio. En este texto, Santiago Vidal afirmaba que, cuando a finales de enero habló con "Marta" y con "Jordi" le hicieron pedir la dimisión como portavoz de ERC en el Senado y la aceptó sin oposición aunque "no tenía la obligación legal de hacerlo". El texto proseguía: "Pactamos una compensación mensual de 3.000 euros con el compromiso de colaborar con la Fundación Irla, asumiendo yo los gastos inevitables, hasta que el próximo febrero de 2018 me pueda reincorporar a la carrera judicial". Vidal relata cuáles son los gastos con los que tiene que correr: 210 euros de retención de IRPF; la cuota de autónomos de la Seguridad Social (75 euros); la cuota del Colegio de abogado en ejercicio (120 euros) y los honorarios del gestor que hace el pago del IVA trimestral (154 euros). Todo ello supone que los ingresos netos sean de 2.441 euros, señala. "Desde entonces han pasado cinco meses y sólo he recibido un pago, que corresponde a los dos primeros informes, la verdad es que he pasado de cobrar 4.300 euros netos al mes como senador de ERC a poco más de 900 euros mensuales", se lamenta Vidal, quien precisa que es consciente de que "esto de la política es una ocupación inestable". En la queja por el impago de la factura del tercer informe que había hecho para la Fundación Irla continuó recordando que era "la primera vez" en más de 30 años de vida laboral que tenía que "pedir el cumplimiento de un acuerdo personal". "Y también será la última --añadió--, por una cuestión de dignidad no pienso volver a hablar más de este tema. La vida me ha enseñado a intentar resolver mis problemas, sobre todo si yo he ayudado a crearlos". Según se comprueba en los e-mail de su correo electrónico, incorporado en su totalidad al Juzgado y al que ha tenido acceso Europa Press, Santiago Vidal ha estado realizando los informes que había pactado con la Fundación Irla desde finales de febrero pasado. Esta entidad está vinculada a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y fue creada en 1997 en homenaje al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio, Josep Irla. En la actualidad está presidida por el exconsejero catalán de Cultura y Medios de Comunicación en el tripartito, Joan Manuel Tresserras. Los informes jurídicos que ha ido entregando el exjuez están relacionados con el 'proces'. Se los entregaba a Lluís Pérez, director académico de la citada Fundación, según consta en los e-mail procedentes del ordenador de Santiago Vidal, que fue incautado por la Guardia Civil durante la 'operación Anubis', llevada a cabo contra las personas que formaban parte de la estructura montada para realizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre, en la que resultaron detenidas 14 personas. En estos e-mail se puede ver la secuencia del encargo y la entrega de los borradores y los textos definitivos. Cuando el exjuez fue detenido el pasado 20 de septiembre estaba realizando el quinto informe titulado "El derecho a una muerte digna. Legislación y Jurisprudencia". En él se abordaban, entre otras cuestiones, la regulación de la eutanasia activa y pasiva en Europa y en América. El quinto apartado de este estudio jurídico era sobre los países en los que se podría "mirar la futura República catalana" y hablaba también de la proposición de Ley del Parlamento catalán sobre la despenalización de la ayuda al suicidio. Santiago Vidal ha cobrado 3.000 euros por cada uno de estos informes, de más de 60 fólios, a los que sumaba el 21 por ciento de IVA y deducía el 7 por ciento de IRPF, según consta en las facturas giradas a la Fundación Irla. La primera de ellas es por dos informes --6.000 euros-- y tiene fecha del 28 de abril, la segunda fue emitida el 26 de junio y la tercera, del 25 de agosto. Los informes con los que se corresponden estas facturas son los siguientes. El primero de ellos, se titula "Garantías Jurídicas para los Derechos Sociales. Una propuesta para Cataluña" y entre otros asuntos, habla de "cinco países de referencia: Suiza, Finlandia, República Federal de Alemania, Dinamarca y Suecia". El segundo informe trata sobre la "Protección de la Libertad de expresión en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos"; el tercero, sobre la "Revisión Judicial del Control de Constitucionalidad de las leyes". Uno de los capítulos de este último texto es sobre la Regulación Jurídica en la Constitución Española, y aborda "el fracaso del control ejercido por el Tribunal Constitucional por falta de legitimidad democrática". Otro de los apartados está titulado: "Déficit democrático del control judicial de Constitucionalidad en relación a los estatutos de autonomía sobre referendos populares" y uno más habla sobre la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, bajo el título de "involución del modelo constitucional español. Posible delito de prevaricación imputable a los magistrados del Tribunal Constitucional". Finalmente, para cerrar ese informe, incluya una propuesta de regulación para el "futuro Estado catalán" con una "Sala de Garantías constitucionales del Tribunal Supremo de la República". El cuarto informe es sobre "el derecho de autodeterminación y la vía canadiense". En el analiza las lecciones del caso de Quebec para el futuro de Cataluña y también la Ley de Claridad del año 2000 en Canadá bajo el apéndice "Trampas jurídicas y políticas del Parlamento, el Senado y el Gobierno federal canadienses".

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