El Colectivo Sin Identidad planta al Ministerio de Justicia para escenificar su protesta por su "inactividad"
MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
Familiares de 'niños robados' han solicitado este lunes al Ministerio de Justicia que les ofrezca asesoramiento jurídico personalizado, la asistencia de psicólogos especializados en sus dramas y que abra oficinas provinciales de atención a las víctimas.
Varias asociaciones de afectados por el 'robo de niños' ocurrido durante el franquismo y los años posteriores a la dictadura han mantenido este lunes una reunión "informal" con la fiscal Paz Ramírez, que ha asumido el caso después de que su antecesora, Ana Murillo, pasara a trabajar al Consejo General del Poder Judicial.
El Colectivo Sin Identidad no ha acudido al encuentro convocado por el Ministerio de Justicia para escenificar su protesta con la parálisis que sufren sus casos en España. Frente a esta inactividad, valoran la atención que están recibiendo en instancias internacionales, como el apoyo encontrado en Bruselas, según informaron a Europa Press fuentes del colectivo.
Desde la 'Plataforma de Afectados Clínicas de Toda España. Causa de niños robados' han llevado a la reunión varias reivindicaciones. Sus representantes han pedido que les atiendan psicólogos en la oficina central o se habilite un sistema de cita previa para recibir sus servicios.
ESTATUS DE VÍCTIMAS
Han reclamado asesoramiento jurídico personalizado en estas instalaciones para evitar el desplazamiento de las familias a centros de atención general y que la oficina les ayude a gestionar un abogado de oficio. La asociación ha requerido que se reconozca su estatus de "víctima" y que el Ministerio habilite un espacio destinado a ellas en su página web.
Para la plataforma, es necesario divulgar la actuación de la Administración y que la Ley de Protección de Datos incluya una excepción que fomente la apertura de archivos. Además, ha pedido potenciar la vía administrativa para acelerar las búsquedas y comparar los libros de fallecidos y nacidos.
El colectivo ha requerido también unidades específicas de investigación y ha instado a los funcionarios a colaborar activamente en la tramitación de sus expedientes. Por último, ve necesario que la Fiscalía General del Estado intervenga para que los fiscales provinciales den cumplimiento a su circular en contra del archivo de sus casos.