MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El colectivo 'La Libertad es Su Derecho', un colectivo ciudadano que reclama la liberación de unas 50 mujeres adultas "privadas arbitrariamente de libertad" en los campamentos saharauis en Tinduf, ha recibido el apoyo de la Comisión de Derechos de la Mujer y la Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento Europeo, que ha calificado de "totalmente inaceptable" que las autoridades saharauis justifiquen la retención de estas personas en la tradición.
'La Libertad es Su Derecho', que agrupa también a familias españolas de acogida de jóvenes saharauis que denuncian su retención en los campamentos de Tinduf, considera que se trata de retenciones ilegales contra la voluntad de mujeres adultas y ha apelado al Parlamento Europeo para que acabe contra lo que considera "una flagrante violación de Derechos Humanos".
En el marco de esta lucha, la presidenta de esta Comisión, Vilija Blinkeviciute, remitió recientemente una carta a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que compartía la visión del colectivo ciudadano de que los estereotipos de género son "fuente de discriminación que alimenta distintas formas de violencia contra la mujer y están claramente detrás de la situación que sufren" estas mujeres.
Este colectivo sostiene que detrás de la retención contra su voluntad de estas mujeres en Tinduf hay un trasfondo de violencia de género, al amparo "de una práctica discriminatoria extendida por la que los hombres de la familia son propietarios de las mujeres y son los únicos que tienen derecho sobre ellas".
En este contexto, se ha recordado que el Convenio de Estambul establece que la cultura, costumbre, religión, tradición o supuesto honor no puede ser una justificación de los actos de violencia contra la mujer.
En la misiva, Blinkeviciutea afirma en la misiva que "es particularmente preocupante el hecho de que estas mujeres pueden ser obligadas a casarse contra su voluntad, ya que el matrimonio forzado es una clara violación de los Derechos Humanos que tiene enormes consecuencias para las vidas de las mujeres".
La Comisión de Derechos de la Mujer y la Igualdad de Género ha defendido que el matrimonio forzado "tiene un impacto devastador en la total realización y disfrute de los derechos de las mujeres y las niñas y en su salud, incluyendo graves riesgos de complicaciones en embarazos e infecciones de VIH" y que "la realidad detrás de la práctica de matrimonios forzosos debe enmarcarse en el contexto de los estereotipos de género".
En su resolución de 12 de mayo de 2016 en la aplicación de la Directiva 2011/36/UE del 05 de abril de 2011 sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas desde una perspectiva de género, el Parlamento Europeo considera el matrimonio forzado como una forma de trata de seres humanos si contiene un elemento de explotación de la víctima.