Federico Castaño cree que el 'café para todos' desincentiva la buena gestión y que el copago será una realidad tras 22-M

Actualizado: viernes, 15 abril 2011 16:49

Opina que la Constitución se quedó "corta" en la definición de las competencias exclusivas del Estado

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista Federico Castaño ha considerado este viernes que el famoso 'café para todos' "se ha demostrado que es injusto, entre otras razones, porque desincentiva la buena gestión". Así, opina que "no es de recibo" dar el mismo trato a un ayuntamiento o a una comunidad que ha endeudado a sus ciudadanos hasta las cejas que a otros que han gestionado sus recursos de forma razonable y están en mejor situación.

En una entrevista concedida a Europa Press, Castaño, que acaba de publicar su libro 'El despilfarro. La sangría de la España autonómica', ha explicado que la tendencia de los diferentes territorios, para no sentirse discriminados, es emular al de al lado en capacidad autonómica, pero que eso no es viable porque "la crisis dificulta una financiación suficiente de numerosos servicios".

Así, ha puesto como ejemplo paradigmático de esta situación la reforma de los estatutos de autonomía, "sobre todo a raíz del catalán, en el que Cataluña ha logrado mayor corresponsabilidad fiscal". "La mayoría lo han logrado, pero siguen con su tono reivindicativo y no asumen con la responsabilidad que debieran la racionalidad que impone la crisis económica", ha criticado.

En cualquier caso, el también licenciado en Derecho y Sociología ha reconocido que es "muy difícil" encontrar un equilibrio entre ese 'café para todos' y evitar la discriminación territorial, porque "en España hay 17 comunidades autónomas y cada una de ellas tiene sus propias singularidades".

COPAGO INEVITABLE

Una de las conclusiones a las que Castaño llega en su libro es que la situación actual, en la que las CC.AA no disponen de suficientes recursos para financiar determinados servicios, terminará desembocando en la instauración del copago en sanidad y educación, a pesar del desgaste político que semejante medida pueda producir.

"El copago en la sanidad y en la educación será una realidad en cuanto pasen los procesos electorales en marcha y se eluda el discurso políticamente correcto. El sistema fiscal español no es lo suficientemente progresivo como para compensar la ausencia de un modelo que haría que pagase más por los servicios públicos que recibe quien más tiene", ha razonado.

Precisamente, sobre esa falta de recursos de las administraciones regionales para financiar algunos servicios, ha criticado que en ocasiones el Gobierno central anuncie decisiones "que son muy populares y que luego corresponde costear a los gobiernos autonómicos". En ese sentido, ha apelado a que prime "la lealtad institucional sobre el lucimiento político".

Por otro lado, ha lamentado que "deja mucho que desear" la supervisión del Gobierno sobre el uso que las corporaciones autonómicas y locales hacen de los fondos que reciben del Estado, que en ocasiones acaba siendo distinto del que inicialmente estaba previsto.

En ese sentido, ha asegurado que le consta que el Gobierno se ha planteado "seriamente en más de una ocasión" la posibilidad de arbitrar una norma que garantice el uso adecuado de los fondos que salen de las arcas centrales, pero que algunas CC.AA han puesto "serias reticencias e incluso han planteado un posible recurso de inconstitucionalidad en caso de que se pusiera en marcha esa normativa".

Respecto a la situación de los ayuntamientos, muchos de los cuales están "en situación informal de suspensión de pagos", Castaño ha opinado que, dado que la caída de sus ingresos obedece "sobre todo al desplome del sector inmobiliario", deberían tomarse medidas para reactivar dicho sector, y encontrar así "un término medio hasta que sea verdad el prometido cambio de modelo productivo".

"LA CONSTITUCIÓN SE QUEDÓ CORTA"

Castaño cree que parte de todos los problemas de déficit económico que se derivan del modelo de Estado autonómico, y que se han acentuado en estos momentos de crisis, se deben al hecho de que la Constitución de 1978 se quedó "corta" en la definición de las competencias exclusivas del Estado.

Así, ha manifestado que la definición de las competencias que debían corresponder únicamente al Estado "es tan ambigua" que las comunidades autónomas "han encontrado siempre una cuña para transferir prácticamente todo". En ese sentido, ha afirmado que los límites debieron precisarse "mucho mejor".

Por ello cree que en estos momentos se impone dejar de reivindicar nuevas competencias y más recursos económicos al Estado porque "entre otras cosas, éste ya sólo gestiona el 19% de la tarta global".

En consecuencia, considera que a las CC.AA les sobra la gestión de todas aquellas competencias que, de común acuerdo, los dos grandes partidos coincidan en que se pueden desarrollar mejor desde la Administración central, en especial "aquellas que más distorsiones están provocando en el aumento descontrolado del gasto público, dada esta crisis tan severa".

A pesar de observar este fallo en la Constitución sobre el Estado de las Autonomías, para Castaño no sería necesario tocar la 'Carta Magna' para reconducir la situación. "Bastaría con que el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo a la hora de desarrollar con racionalidad los diez Estatutos que faltan por reformar e introducir un mayor orden en la distribución de competencias de todos ellos para evitar duplicidades", ha asegurado.

Por último, ha puesto como referencia el modelo de estado alemán, "no tanto desde el punto de vista de cómo fue concebido, sino del acierto en cómo ha sabido resolver las disfunciones que ha encontrado en su desarrollo, resituando las decisiones importantes en el nivel más acertado de gobierno".