El presidente de la FEMP, Abel Caballero
JAVIER DE CHAVEZ FEMP
Publicado: martes, 9 enero 2018 19:12

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha respaldado por unanimidad este martes la propuesta del Gobierno para reformar el impuesto sobre plusvalías, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que agilice la entrada en vigor de esta reforma para "dar garantías jurídicas". La FEMP acepta así la modificación del impuesto en base a la propuesta del Gobierno, aunque planteará la creación de un fondo específico para compensar a los ayuntamientos que hasta ahora gestionaban el impuesto.

Desde la Junta de Gobierno de la Federación, convocada de forma extraordinaria por su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, defienden que la reforma tiene que acometerse con celeridad para "despejar la inseguridad jurídica creada". Si bien apuntan que debe ser "ampliada y precisada" posteriormente en el marco de la nueva financiación local que tiene pendiente Gobierno, una nueva fórmula que Caballero ha reclamado en repetidas ocasiones que se negocie "en paralelo" con la financiación autonómica.

"Entiende la Junta de Gobierno que esta modificación es puntual toda vez que deberá regularse en profundidad en la nueva ley de financiación local", ha señalado la FEMP en un comunicado. Según informa, esta propuesta ahora acordada por unanimidad ha sido elaborada por Hacienda de acuerdo con la propia FEMP.

En los últimos meses el Gobierno y la Federación han discutido cuestiones técnicas sobre la fórmula de coeficientes a aplicar para determinar si la venta de un inmueble genera plusvalías. Abel Caballero ha venido defendiendo que la reforma tenga "vocación de unanimidad" y pueda recabar el mayor número de adhesiones cuando sea discutida en el Congreso de los Diputados.

FONDO DE COMPENSACIÓN

Además, la Federación que aúna a las entidades locales españolas plantea la creación de un fondo de compensación a través de una enmienda al texto propuesto por el Gobierno que contemple la "merma" que pueda ocasionar en los ayuntamientos la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, que el pasado mes de mayo declaró inconstitucional y anuló parcialmente el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

La FEMP anunció ya a finales de año que buscaría una fórmula de compensación para los ayuntamientos que a la fecha de publicación de la sentencia estuvieran gestionando el impuesto, por la pérdida global de recaudación derivada de la aplicación de la sentencia.

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