El Foro de Babia, de Mikel Buesa, pide al Defensor del Pueblo que recurra al TC el blindaje del concierto vasco

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Foro de Babia, que preside Mikel Buesa, ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el blindaje del concierto vasco al considerar que conculca los principios de igualdad, solidaridad y unidad de mercado.

Mikel Buesa presentó ayer ante el Defensor del Pueblo un escrito instándole a interponer recurso de inconstitucionalidad contra la ley "por la que se modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, aprobada a principios de esta semana y por la que se le reconoce competencia exclusiva del Tribunal Constitucional, en el control Constitucional de las disposiciones normativas dictadas por las instituciones provinciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

Esta ley permite el blindaje del concierto económico vasco, la cual, según han afirmado los miembros de la Asociación, "vulnera los principios de la Constitución y el principio de jerarquía normativa por la equiparación de disposiciones dictadas por los territorios históricos vascos al rango de ley".

La vicepresidenta del Foro, Aurora García, declaró a Europa Press que esta Asociación se constituyó el pasado mes de noviembre con el objetivo de "defender los derechos de los ciudadanos y las libertades públicas y hacer de observador de la actividad política". Mikel Buesa, ex dirigente del partido de Rosa Díez, UPyD, es el fundador de este foro.

En su petición al Defensor de Pueblo, se argumenta que con el blindaje del concierto vasco se "conculcan los principios constitucional de igualdad, de solidaridad y de unidad de mercado", puesto que permitirá que las Juntas Generales provinciales "compitan con el resto en condiciones de desigualdad y especialmente las comunidades autónomas limítrofes, al establecer tipos impositivos inferiores del Impuesto de Sociedades sin ningún tipo de control por parte de la jurisdicción ordinaria".

El escrito señala también que los derechos históricos "no reconocen privilegios a los territorios" y que "sólo pueden poseerlos las personas, por lo que el estatus que la Proposición de Ley pretende imponer, queda al margen del ordenamiento jurídico vigente en España".