El fundador del Instituto Nóos desvincula a Urdangarín del presunto desvío

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fundador del Instituto Nóos, Diego Torres, ha negado ante el juez instructor del caso Palma Arena que mientras el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, presidía esta entidad dedicada al patrocinio y mecenazgo, se desviasen a otros fines 2,3 millones de euros que el Gobierno balear abonó a este organismo los años 2005 y 2006 para la celebración de un foro sobre turismo y deporte, a pesar de que se desconoce el destino que se dio a parte de estos fondos. Es más, el imputado ha desvinculado al marido de la Infanta Cristina de cualquier tipo de irregularidad.

Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, el sucesor de Urdangarín al frente de Nóos ha asegurado que las dos ediciones anuales del evento cuya organización está siendo investigada -y a las que se destinaron 1,2 millones en 2005 y 1,1 un año después- se llevaron a cabo y por tanto se dio cumplimiento a la pretensión de los dos convenios firmados para ambas celebraciones, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Todo ello a pesar de que las pesquisas apuntan a que el gasto que en su día se presupuestó para la celebración del Forum Illes Balears Tour Sport -cuya primera edición apenas duró tres días, entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005- no ha sido justificado. Un contexto en el que, además, el imputado ha eludido involucrar a Urdangarín, sobre quien ha sido preguntado en varias ocasiones por parte del juez y el fiscal a fin de averiguar la responsabilidad que el Duque de Palma habría tenido en los hechos investigados.

Torres, defendido por el abogado barcelonés Manuel González Peeters y cuya comparecencia se ha prolongado durante cerca de tres horas, ha hecho hincapié durante toda la declaración en que los trabajos se realizaron y, de hecho, para demostrarlo ya entregó a los investigadores numerosas facturas que acreditarían que los 2,3 millones fueron destinados al objeto de los convenios y no a fines particulares.

En concreto, el encausado, profesor asociado en la ESADE y experto en estrategia y patrocinio, sucedió a Urdangarín en la presidencia del Instituto Nóos después de que el Duque de Palma abandonase el cargo. El imputado no sólo ha estado vinculado a esta entidad, cuya sede no ha sido hasta el momento hallada por los investigadores, sino que también ha asesorado a otras empresas en materia de mecenazgo y responsabilidad social.

Tras ser citado por el juez, el propio Torres manifestó a Europa Press sentirse sorprendido por la decisión del magistrado de emplazarle a declarar en la pieza número 25 de este complejo caso, que a nivel global investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007).

MATAS DEFENDIÓ LA UTILIDAD DE AMBOS CONVENIOS

Precisamente, sobre los convenios investigados, el entonces presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, admitió en su declaración como imputado que recomendó firmar los convenios y que "lo volvería a hacer", tal y como recalcó el ex jefe del Ejecutivo a preguntas de la Fiscalía. Fue de este modo como Matas defendió la utilidad de los convenios y su tramitación, al asegurar que "todo se hizo de forma correcta".

Sin embargo, sobre estos hechos ya se había interesado el Ministerio Público en otras comparecencias del caso. Así, al respecto fue interrogada la entonces jefa de Gabinete de Matas, Dulce Linares, quien aseveró ante el juez, también en calidad de imputada, que la decisión de gestar el convenio fue adoptada por Matas, aunque negó que el ex jefe de la Administración autonómica le diese orden alguna para que prescindiera del control del gasto presupuestado.

Mientras tanto, al respecto también fue preguntado el entonces consejero de Turismo y actual diputado del PP, Joan Flaquer, que en su comparecencia como testigo aseguró ignorar, por el contrario, quién gestó el convenio, aunque defendió que con esta iniciativa el Ejecutivo pretendía apostar "por la armonización del turismo y el deporte". Cabe recordar que, antes de que se iniciaran las investigaciones, el PSIB denunció en un principio las irregularidades en torno a la organización de este evento sobre turismo deportivo y exigió para ello información detallada sobre los gastos del Forum.