Gabriela Bravo se queja de que el CGPJ no conocía los cambios sobre piratería y consentimiento sexual del Código Penal

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se ha quejado de que el proyecto de ley de reforma del Código Penal aprobado este viernes por el Consejo de Ministros "haya introducido cambios sustanciales en el proyecto" sobre los que el CGPJ "no ha podido emitir informe".

En declaraciones a Europa Press, Bravo ha señalado que las nuevas figuras delictivas para la piratería o el aumento de la edad para el consentimiento sexual no figuraban en el anteproyecto que pudo estudiar el CGPJ. "Del texto que se remitió al CGPJ al que se pasó al Consejo de Estado hay una diferencia muy notable", ha asegurado.

"Se han introducido muchísimos cambios, nuevas cuestiones jurídicas, nuevos tipos sobre los que el CGPJ no ha podido opinar. Tratándose de temas que afectan a la política criminal del Estado, hubiera sido muy interesante que el Consejo hubiera podido dar su opinión", ha afirmado la magistrada.

Gabriela Bravo ha reconocido que "no es habitual" que "haya cambios tan importantes en el anteproyecto" tras pasar por el CGPJ, y ha atribuido esta decisión el Gobierno de Rajoy. "Quien tiene la autoridad sobre esta materia es el poder ejecutivo, que ha entendido que no era necesario remitirlo de nuevo al consejo", ha subrayado.

CONTRA LA CORRUPCIÓN, MEDIDAS PREVENTIVAS

La portavoz del CGPJ ha evitado valorar que el anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros no haya tipificado expresamente como delito la financiación ilegal de los partidos políticos y el enriquecimiento ilícito de los cargos electos. "No sabemos cómo se va a articular, no puedo hacer ninguna valoración sobre eso", se ha justificado.

"Lo que siempre digo sobre el aumento de las penas, es que el Código Penal no va a resolver nunca los problemas a los que se enfrenta la sociedad", en opinión de Bravo, que prefiere crear "mecanismos para actuar preventivamente" contra la corrupción.

"Hay que arbitrar medidas, revisar competencias de instituciones importantes como el Banco de España, el Tribunal de Cuentas o la CNMV para que se puedan ejercer medidas de control sobre las instituciones públicas y los partidos políticos. Una vez que se ha vulnerado el bien jurídico protegido, luego el restablecimiento es mucho más complicado ", ha defendido.

"El problema de la corrupción en nuestro país no se va a solucionar sólo aumentando las penas, sino que necesitamos un rearme moral de la sociedad", según la portavoz del CGPJ, para quien "en términos generales tenemos un Código Penal muy duro".