Gallardón declara como investigado este jueves por la supuesta compra irregular de Inassa

El juez también cita el martes a Carlos Mayor Oreja y un día después a Manuel Cobo por la operación del Canal de Isabel II en el año 2001

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón declara este jueves 7 de junio como investigado en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de prevaricación y malversación por la supuesta compra irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001.

El magistrado que instruye el caso 'Lezo', Manuel García Castellón, acordó su citación el pasado 26 de abril junto con el que fuera su 'número dos' en el Gobierno regional, Manuel Cobo, que deberá comparcer un día antes y el también exconsejero de Medio Ambiente Carlos Mayor Oreja, quien está citado a comparecer el día martes 5.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 decidió citar a Galladón ya que era presidente del Consejo de Gobierno que dio el visto bueno a la adquisición en el año 2001. Se trata de una diligencia que acuerda tras escuchar a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular.

Cobo, por su parte, fue consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras que Mayor Oreja fue consejero de Medio Ambiente y en 2001 también ocupó el cargo de presidente de la empresa pública de aguas, aunque ese mismo año fue sucedido por Pedro Calvo.

GALLARDÓN NO VE PERTINENTE SU CITACIÓN

Por su parte, Gallardón recurrió su citación en un recurso enviado al magistrado y al que tuvo acceso Europa Press. En el mismo arremetió contra la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción por otorgar condición de "hechos objetivos" a las manifestaciones vertidas en su web por la asociación de carácter populista ATTAC Madrid, para quienes estas acusaciones han desplegado "la alfombra roja procesal".

Su defensa pidió la revocación de las citaciones de todos ellos hasta que fueran informados de los hechos presuntamente delictivos que se les atribuyen indiciariamente y expuso en el escrito que de la instrucción realizada hasta la fecha no se justificaba la "pertinencia, necesidad e idoneidad" de sus comparecencia.

Los antiguos miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II, entre ellos dos estrechos colaboradores de Gallardón, Pedro Calvo y Juan Bravo, estuvieron desfilando por la Audiencia Nacional a lo largo del mes de enero para explicar por qué aprobaron la compra de Inassa por un precio por encima de su valoración.

La Fiscalía acusa al exdirector gerente del Canal Arturo Canalda y a los entonces directivos José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras de diseñar una operación de compra paralela a la explicada ante los consejeros y "repleta de irregularidades", puesto que seis días antes de que se celebrara la sesión de votación ya estaba concedido el aval bancario para adquirir Inassa.

MEJOR PROPUESTA DE COMPRA

En su declaración ante el juez instructor, los exdirectivos de la empresa pública madrileña negaron las acusaciones y explicaron que, lejos de provocar pérdidas, se trató de la mejor propuesta de compra de todas las opciones presentadas por los técnicos de la compañía públicas de aguas.

Además, tanto los principales directivos del Canal como el resto de miembros del entonces consejo de administración, desvincularon de esta operación a Gallardón, asegurando que no sólo no intermedió en su nombramiento en la empresa pública, sino que no tenía relación alguna con él.

También explicaron ante el juez que el resto de imputados eran conocedores de que en la adquisición del 75 por ciento de Inassa se empleó la sociedad pantalla Aguas de América SA. De hecho, así se reflejó en el informe elaborado por la consultora que precisaba que la panameña se tenía que disolver una vez formalizada la compra.

La versión de los principales responsables del Canal en aquel momento se contradijo con la prestada también en calidad de investigados por la mayoría de exconsejeros que dijeron que habían tenido acceso a la documentación por la compra de Inassa apenas horas antes de la reunión, que se fiaron de las explicaciones que recibieron de los altos cargos y que había que tener en cuenta que han pasado 16 años de entonces, por lo que no recuerdan flecos y particularidades de este asunto.

Sin embargo, el juez ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.