Gallardón niega el cobro de comisiones por la compra de Inassa y defiende que se hizo acorde a la legalidad

Afirma que confió en los técnicos del Canal de Isabel II y que el tiempo ha demostrado que fue una operación beneficiosa

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este jueves tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional, que la adquisición de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001 se llevó a cabo "de acuerdo a la legalidad" y ha negado tajantemente el cobro de comisiones ilícitas por esta operación.

Gallardón, citado a declarar en el caso 'Lezo' por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha precisado ante los periodistas que le aguardaban a su salida que la compra se hizo "con el mejor y más absoluto de los convencimientos de que era buena" para la empresa pública de aguas y, por tanto para la Comunidad de Madrid y los madrileños.

Así, ha insistido durante la cerca de hora y media que ha durado el interrogatorio, que el tiempo ha demostrado que adquirir la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión y que se hizo con todos los informes de los técnicos del Canal a favor de la operación.

El magistrado Manuel García Castellón le imputó en la causa el pasado mes de abril a petición de la Fiscalía Anticorrupción que considera que la adquisición de la filial del Canal en Colombia estuvo repleta de "irregularidades". No obstante, al ser preguntado por si cobró comisiones, el exmandatario regional ha asegurado que "en absoluto" y hasta se ha mostrado ofendido por la cuestión, según informan fuentes jurídicas.

"GESTIÓN PROFESIONAL, PLURAL Y TRANSPARENTE"

"Yo creo que la transparencia con la que teníamos constituido el consejo de administración del Canal, donde no solamente estaban representantes del PP sino del PSOE, de las centrales sindicales, de la patronal y de los distintos ayuntamientos de la confederación hidrográfica del Tajo, garantizaban una gestión profesional, plural y transparente", ha expuesto.

Según las fuentes consultadas, no se le ha preguntado por la gestión llevada a cabo en el Canal por el también exmandatario regional Ignacio González, presunto cabecilla de esta red, y que llegó a la presidencia de la empresa madrileña en el año 2003, cuando Esperanza Aguirre sucedió a Gallardón en el gobierno madrileño.

Su declaración se produce dos días después de la comparecencia por los mismos hechos del exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal, Carlos Mayor Oreja y un día después del exconsejero de Presidencia Manuel Cobo. Los tres fueron citados por el magistrado puesto que formaban parte del consejo de gobierno que dio el visto bueno a la operativa y que aprobó la adquisición de Canal Extensia.

Al respecto, el máximo responsable del Gobierno madrileño en aquel entonces ha dicho que confiaba en la propuesta del Canal y que tiene "plena colaboración y confianza en la Justicia". "Espero que cuando acaben las diligencias que se están practicando en estos momentos se certifique no solamente que las cosas se hicieron bien sino a través de la Ley", ha añadido.

EL ÚLTIMO DE LA RONDA DE INTERROGATORIOS

Gallardón, que ha llegado a la sede judicial pasadas las 9.00 horas de la mañana acompañado de uno de sus hijos que ejerce de abogado defensor, ha confesado sentirse muy satisfecho con su declaración porque ha podido explicarle al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 la participación del consejo de gobierno en esta adquisición, para la que se empleó la sociedad radicada en Panamá Aguas de América.

Sobre este punto ha dicho que no le correspondía al gobierno valorar esta decisión y que los exdirectivos de la empresa de aguas madrileña ya explicaron en sede judicial cuál fue la razón impuesta por los vendedores en relación a esta sociedad radicada en paraíso fiscal y que se disolvió una vez finiquitada la operación.

Con su citación, el juez instructor pone fin a una ronda de interrogatorios que arrancó con los miembros del consejo de administración de la empresa pública de aguas y su expresidente en el año 2001, Pedro Calvo, por la adquisición presuntamente fraudulenta de la colombiana.