El Gobierno aprueba mañana la Ley de Transparencia, que permitirá inhabilitar durante diez años a los malos gestores

Con esta norma, Hacienda podrá destituir a los consejeros o concejales que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que permitirá inhabilitar con una pena de hasta diez años a los malos gestores públicos que gasten sin tener competencia o crédito, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Esta norma da al ministro de Hacienda el poder de sancionar a los cargos de cualquier administración (Estado, CC.AA. o ayuntamiento) que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".

También se incluyen sanciones como la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas o la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves puedan ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.

LA CASA DEL REY QUEDA FUERA

Aparte de reforzar la responsabilidad de los gestores en el manejo del dinero público, la Ley de Transparencia pretende aumentar la transparencia de las administraciones y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

La norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--. De hecho, algunas de ellas se han incorporado, como la de someter a esta norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas, según informó hace un mes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, y pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Sáenz de Santamaría señaló que la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".

CREACIÓN DEL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA

El Gobierno ha decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son sensibles como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", declaró en su momento la portavoz del Gobierno.

Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia. Se trata de una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a un único órgano que se encargará de redistribuirla.

Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según el Ejecutivo.

Otra de las novedades de esta ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según explicó la portavoz del Ejecutivo, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.

PLAZO DE ENTRADA EN VIGOR

Esta norma, que el Gobierno de Mariano Rajoy enmarca en su programa de regeneración democrática, llega al Consejo de Ministros de este viernes después de haber pasado por la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado. Una vez aprobado mañana será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.

De acuerdo con el calendario que maneja el Gobierno, la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.