Gobierno aprueba la segunda fase de la contratación centralizada de la seguridad privada, lo que ahorrará 2,8 millones

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes a realizar la segunda fase de la contratación centralizada de los servicios de seguridad privada y auxiliares de control en la administración general del Estado, con lo que prevé un ahorro de 2,8 millones de euros.

Para ello, el Ejecutivo ha dado la orden a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el objetivo de "producir ahorros" y "homogeneizar" y "mejorar la calidad en la prestación" de la seguridad privada en la administración general del Estado.

El contrato, que en esta segunda fase incluye 128 inmuebles de tres ministerios y quince organismos, entrará en vigor el próximo 1 de junio y su duración es de veintidós meses, con una prórroga máxima de otros veintidós. Se ha dividido en cinco lotes y su valor estimado para todo el periodo de duración, incluyendo la prórroga, es de 62,2 millones de euros.

En concreto, en esta segunda fase del contrato de seguridad se estima que, en comparación con el coste actual de los contratos que en él se integran, se va a obtener un ahorro de 2,8 millones de euros para todo el periodo de duración.

La primera fase de este contrato centralizado se aprobó el pasado 18 de julio de 2014, afectó a 116 inmuebles de cuatro ministerios y catorce organismos públicos, y su ejecución comenzó el 1 de diciembre.

AHORRO PARA LA ADMINISTRACIÓN

Como en todos los procesos similares que está poniendo en marcha el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con esta centralización del contrato "se fomenta la obtención de precios más reducidos con el consiguiente ahorro para la Administración".

"Con este contrato se consigue una homogeneización y mejora de la calidad en la prestación del servicio, y supone un planteamiento integral de la seguridad, de tal modo que en su objeto se incluyen, tanto los servicios de vigilantes, como el mantenimiento de equipos e instalaciones de seguridad y determinados servicios auxiliares o complementarios de control", ha expresado el Gobierno.