El Gobierno cambiará la Ley de Extranjería para que los inmigrantes tengan los mismos servicios en todas las CCAA

Alerta de la "divergencia" en las condiciones de acceso de los extranjeros a los servicios y los requisitos para quedarse en España

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Mariano Rajoy cambiará la Ley de Extranjería para fijar unos criterios comunes en toda España en relación con la integración de los inmigrantes, ya que, según alerta, se está produciendo "una divergencia de las condiciones de acceso" de los extranjeros no comunitarios a los distintos servicios", así como "en los requisitos cuyo cumplimiento permite la permanencia en territorio nacional".

Así lo avanza el Ejecutivo en el informe elaborado por la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros, con propuestas para racionalizar y evitar duplicidades en las administraciones públicas.

En el citado informe, el Gobierno advierte de que la integración de los inmigrantes ha sido desarrollada por Estado, CCAA y corporaciones locales, "ejerciendo competencias concurrentes sobre la materia, bien directamente a través de la asistencia sanitaria o la educación, bien a través de subvenciones para el desarrollo de programas de integración socio laboral de los inmigrantes".

"FALTA DE COORDINACIÓN" ENTRE LAS TRES ADMINISTRACIONES

Sin embargo, advierte de que la falta de un marco legal que desarrolle una política nacional, más allá de lo que han sido los planes estratégicos, ha derivado en "una falta de coordinación entre las tres administraciones, una confusión en el reparto de competencias e incluso en conflictos competenciales".

De hecho, el informe señala que el Tribunal Constitucional, en ocasiones, ha considerado que la integración de los inmigrantes es solo una parte de la asistencia social y no puede encuadrarse en la política de inmigración y extranjería, competencia exclusiva del Estado, mientras que en su sentencia 31/2010, relativa al Estatuto de Autonomía de Cataluña, señala que el conjunto de competencias o potestades, de evidente carácter asistencial y social que el artículo 138.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat, no relegan la competencia exclusiva que el Estado ostenta en materia de inmigración.

En esta situación, prosigue, se está produciendo "una divergencia de las condiciones de acceso de los extranjeros no comunitarios a los distintos servicios, así como en los requisitos cuyo cumplimiento permite la permanencia en territorio nacional". Por ello, resulta "conveniente" enmarcar estos criterios y actuaciones en "una política nacional de integración".

Por todo ello, el informe elaborado por al CORA avanza que se reformará la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el fin de "definir unos criterios comunes de integración de los inmigrantes y determinar el ámbito de actuación de cada una de las diferentes administraciones públicas".

PERMISO DE TRABAJO "ÚNICO"

En cuanto a los permiso de trabajo y residencia, el informe recuerda que el Estado tiene competencia exclusiva en inmigración y las CC.AA., por su competencia en ejecución de la normativa laboral, pueden asumir la concesión de las autorizaciones de trabajo. Actualmente, según destaca, solo Cataluña ejerce esa competencia.

Este sistema actual, continúa, impide tener "una visión global de la política de admisión; introduce barreras a la unidad de mercado; y supone la existencia de duplicidades horizontales (entre CC.AA.) al obligar a los interesados a solicitar ampliación del ámbito territorial para desarrollar, por ejemplo, una actividad por cuenta propia en más de una comunidad; incrementa las cargas burocráticas y dificulta el mantenimiento de unos criterios homogéneos en la gestión de la extranjería en todo el territorio del Estado español".

Por todo ello, se revisará la normativa en la materia con el fin de implantar un permiso único sustituyendo la autorización de trabajo por un informe de la autoridad laboral autonómica.