El Gobierno garantiza que la Ley de Seguridad Nacional no suspenderá derechos o libertades ni quitará competencias

Dice que el uso de recursos privados es un concepto que ya existe en otras leyes y que se trata de hacer un "inventario de lo que se tiene"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que la futura Ley de Seguridad Nacional, cuyo anteproyecto ha sido aprobado en Consejo de Ministros, no supondrá la suspensión de ningún derecho ni libertad, así como tampoco la asunción de competencias autonómicas y locales por parte del Estado.

"La declaración de la situación de interés para la seguridad nacional no puede implicar la suspensión de ningún derecho. Para eso están los estados de alarma, excepción y sitio que recoge la Constitución y tienen su propia ley orgánica. Y no se trata de asumir el mando de nada, sino de poner nuestros instrumentos a disposición de la embergadura de una situación", ha explicado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta ha indicado que el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional aprobado este viernes tiene la finalidad de regular un "funcionamiento óptimo de los recursos del Estado para la defensa de la seguridad de los ciudadanos", potenciando así las capacidades de todo el Estado para "responder ante situaciones de crisis".

Así, ha puesto como ejemplo una catástrofe como puede ser un terremoto, la cual requiere de la utilización de medios de varios ministerios así como autonómicos y locales. De hecho, ha recordado que el año pasado se llevó a cabo un gran simulacro de terremoto en Valencia que implicó la movilización de todos los medios disponibles para hacer frente a una emergencia de estas características.

POLÍTICA DE ESTADO QUE IMPLICA A TODOS

El anteproyecto ha contado con las aportaciones de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Interior y Presidencia, y aborda la seguridad nacional como "una política de Estado que, bajo la dirección del presidente del Gobierno, implica a todas las administraciones públicas y a la sociedad en general".

La ley introduce además un nuevo concepto, la "situación de interés para la seguridad nacional", que viene a completar un "vacío normativo" que, según la vicepresidenta, existe todavía entre un estado de normalidad y la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio.

"Existen una serie de circunstancias en las que hace falta una mejor coordinación y el uso de recursos sin tener que recurrir a los estados de alarma, excepción o sitio y que conllevan medidas excepcionales. La situación de interés para la seguridad nacional permitirá coordinar mucho mejor y recurrir a ciertas medidas para su especial atención", ha apuntado.

NO ES CONSECUENCIA DE LOS ATENTADOS DE PARÍS

La número dos del Gobierno ha negado que la aprobación de este anteproyecto sea consecuencia de los antentados de París de la semana pasada, ya que ha recordado que la ley ya estaba contemplada en la Estrategia de Seguridad Nacional que aprobó el Ejecutivo en mayo de 2013 y que el texto ya obtuvo el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional el pasado 31 de octubre.

"No vincule esta ley a los últimos acontecimientos. Lo cual no quita para que no sea un instrumento útil en la lucha contra el terrorismo, ya que se reforzará la coordinación nacional entre ministerios, administraciones y organizaciones internacionales", ha subrayado.

Además, la vicepresidenta ha dejado claro que el anteproyecto señala "expresamente" que declarar en España una situación de interés para la seguridad nacional --que sólo es competencia del presidente del Gobierno-- "no puede implicar la suspensión de ningún derecho", sino que se trata de un "mecanismo institucional para coordinar con carácter transversal la resolución de una crisis".

En cuanto a la utilización de los recursos de que dispone un Estado, Sáenz de Santamaría ha dejado claro que esta declaración no supone "asumir la jefatura" de instituciones que son competencia de otras administraciones, como las policías autonómicas y locales. "No se trata de que se asuma el mando de nada, sino de poner nuestros instrumentos a disposición de la envergadura de una situación", ha afirmado.

INDEMNIZACIÓN A LOS PARTICULARES

La coordinación dentro de este nuevo sistema de seguridad nacional no se limitará a las administraciones públicas, sino que, según el anteproyecto, se podrá acudir a recursos privados sobre la base de "unos principios que guiarán la participación de la sociedad en general para salvaguardar la seguridad nacional".

Según la vicepresidenta, "esto no es nuevo", ya que existen antecedentes como las leyes reguladoras del régimen local o incluso la ley de expropiación forzosa. Así, ha explicado que lo que pretende este anteproyecto es hacer un "inventario de recursos" de los que el Estado puede disponer para utilizar ante una emergencia o una crisis, todo ello con su "debida indemnización" a los particulares que cedan esos medios.

El anteproyecto delimita y concreta las funciones que, en materia de seguridad nacional, ejercerán las Cortes Generales, el Gobierno en su conjunto, el presidente del Gobierno, los ministros y el Consejo de Seguridad Nacional.

ASESORAR Y COORDINAR

A éste último organismo, con carácter de comisión delegada del Gobierno, se le otorgan dos funciones: la asistencia y asesoramiento al presidente del Gobierno en los ámbitos de su competencia y la dirección y coordinación de las actuaciones de gestión de las situaciones de crisis.

En este último ámbito, el anteproyecto busca "facilitar la detección y valoración de riesgos y amenazas, la agilización del proceso de toma de decisiones y la coordinación de la respuesta en situaciones de alteración de la normalidad". El Consejo de Seguridad Nacional cuenta, como secretaría técnica y órgano de trabajo permanente, con el Departamento de Seguridad Nacional.

En esta norma se formaliza también el Comité de Situación, un comité especializado en gestión de crisis que opera como órgano colegiado de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional. Su implantación busca favorecer la "rapidez y flexibilidad" en la respuesta a las situaciones de crisis.