El Gobierno tiene un mes para crear la figura del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno tiene un plazo de un mes para crear la figura del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica, así como del resto de medidas previstas en la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que se aprobó en junio de 2007, y que el Ejecutivo se ha comprometido a cumplir en su totalidad antes del próximo 31 de diciembre.

Precisamente, el pasado miércoles la Comisión Constitucional del Congreso aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE en la que se insta al Ejecutivo a crear esa figura y se reafirma el compromiso del Gobierno con el despliegue total de esta norma a finales de este año. Aunque el PP apoyó la iniciativa, dio por hecho que el Ejecutivo no podrá dar cumplimiento a ese compromiso temporal.

Con el objetivo de reforzar la confianza de los ciudadanos en la administración electrónica, la mencionada ley incorporó un Estatuto del ciudadano, que recoge un conjunto de derechos y facultades de los usuarios frente a la Administración. Se trata de derechos que operan como límite de la actuación de la administración, como de derechos necesarios en su ejercicio para que se despliegue en toda su amplitud lo que persigue la ley: la obligación de la administración de relacionarse por medios electrónicos con el ciudadano, si este lo requiere.

Para velar por el cumplimiento de esos derechos, la misma norma previó la figura del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica, que tendrá que atender las quejas de los ciudadanos y realizar las sugerencias y propuestas pertinentes ante los poderes públicos para mejorar las relaciones de los usuarios en su trato con las administraciones públicas.

La ley de 2007 establece que el defensor será nombrado por el Consejo de Ministros entre personas de reconocido prestigio en la materia y dependerá del departamento ministerial correspondiente. En este momento es la Vicepresidencia Primera del Gobierno la encargada de estos asuntos.

La persona elegida para el cargo tendrá que elaborar, con carácter anual, un informe que se elevará al Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, en el que incluirá un análisis de las quejas y sugerencia recibidas, así como la propuesta de las actuaciones y medidas a adoptar en relación con lo previsto en el apartado 1 de este artículo.