El Gobierno ultima ocho normas sobre la Ley de Memoria entre ellas el mapa de fosas y el procedimiento para exhumaciones

Llamazares exige a De la Vega que el Ejecutivo "no se olvide" de la memoria y colabore activamente con el juez Garzón

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy en el Congreso que el Ejecutivo tiene "casi ultimadas" ocho normas para la aplicación de "aspectos importantes" de la conocida como Ley de Memoria Histórica, entre ellas el procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes del franquismo y la regulación de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que debe ser expedida por el Ministerio de Justicia.

De la Vega realizó este anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta al coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien exigió al Ejecutivo que no se "olvide" de la Ley de Memoria y que colabore activamente con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien recaba datos antes de decidir si abre una investigación sobre los fusilamientos de la Guerra Civil y el régimen franquista.

La 'número dos' el Gabinete Zapatero no detalló cuándo se aprobarán las normas que desarrollan esta ley, pero, para demostrar que el Ejecutivo no se ha olvidado de esta cuestión, explicó que, entre las que están casi concluidas destacan también la elaboración del censo de obras realizadas mediante trabajos forzados, la retirada de símbolos y las indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas por defender la democracia en el tardofranquismo.

En el mismo paquete incluyó la adquisición de la nacionalidad española por los brigadistas internacionales y los hijos y nietos de los exiliados, la regulación de la consulta de actas de defunción de los registros civiles y la reorganización del Archivo de la Guerra Civil.

AYUDAS A 63 PROYECTOS DE EXHUMACIÓN

Asimismo, De la Vega reiteró que el Gobierno "presta" y "va a prestar" su colaboración para atender las demandas que plantean a través de las asociaciones las víctimas del franquismo y sus familiares. De hecho, recordó que ya se han subvencionado 63 proyectos de identificación y exhumación y se han aplicado otras prestaciones reconocidas en la norma como la mejora de las pensiones de orfandad y las concedidas a los presos políticos.

En la misma línea, dejó claro que el Ejecutivo está respondiendo a los requerimientos que el juez Garzón ha trasladado a distintos ministerios, desde el convencimiento de que todas las administraciones tiene "la obligación" de colaborar con las familias que "quieren cerrar sus heridas".

Tras destacar que esta es una "cuestión muy dolorosa y sensible" para todos, especialmente para los familiares, y que genera distintas opiniones, todas merecedoras de "igual respeto", De la Vega subrayó que las víctimas tienen "derecho a reponer su memoria individual y colectiva" y ha hacerlo "con dignidad y honor".

OBLIGACIÓN MORAL Y LEGAL

Con todos estos argumentos la también ministra de la Presidencia daba respuesta al líder de IU, formación con la que el Gobierno pactó la Ley de Memoria hace casi un año. Llamazares recalcó que el Ejecutivo tiene "la obligación no sólo moral, sino también legal" de colaborar con las familias y le instó a explicar qué va a hacer para colaborar en la identificación y reconocimiento de los desaparecidos.

Durante su intervención, afeó a De la Vega la tardanza del Gobierno en el desarrollo de esa norma y expresó su temor de que el Ejecutivo "se olvide de la memoria" y no responda a la treinta de preguntas parlamentarias que sobre esta cuestión tiene registradas en el Congreso.

"Cumplan con la ley, con el Derecho internacional y la dignidad de las familias", exigió el diputado de IU, quien urgió al Ejecutivo a aprobar ya los protocolos científicos y los procedimientos de autorización para la exhumación de cadáveres, así como otros aspectos de la norma.