Grande-Marlaska aboga porque la reforma normativa del secreto se amplíe a exigir responsabilidad penal a periodistas

El magistrado se mostró partidario de que las actuaciones judiciales deban ser conocidas desde un primer momento

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha planteado hoy en Tenerife que en la reforma de la normativa sobre el secreto del sumario debería ampliarse la penalización sobre posibles responsabilidades penales a los periodistas.

Grande-Marlaska se expresó así en las Jornadas sobre 'Prensa y Justicia' que organiza el Consejo General del Poder Judicial en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna (Tenerife) que fue clausurada hoy con una mesa redonda en la que diversos especialistas del ámbito jurídico y periodístico abordaron los límites de la información, las filtraciones y el secreto de sumario.

En general, todos los participantes valoraron que era necesario modificar la regulación sobre estos asuntos, puesto que el marco normativo actual es muy difuso e induce a la confusión tanto entre los periodistas como entre los magistrados, según informó la ULL en un comunicado.

Participaron en este coloquio además de Grande-Marlaska, Inés Iglesias Canle, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Vigo; Benito Reverón, profesor de la Facultad de Derecho de la ULL; Teresa Cárdenes, directora del diario La Provincia y Gonzalo Pérez Ponferrada, director de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que actuó como moderador.

El tema central del debate fue la colisión existente entre derechos fundamentales como el de la información frente al de presunción de inocencia y al proceso judicial debido. Los medios de comunicación desean informar de procesos que tienen interés social, pero en ocasiones las instancias judiciales decretan secreto de sumario sobre los mismos. El problema es que la propia regulación es imprecisa: la Constitución consagra la publicidad de los procesos judiciales, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, proclama el secreto de las actuaciones. En ese ámbito difuso y contradictorio se mueve la información judicial, y por ello se abogó por un cambio legislativo.

"Que no haya una regulación seria y que no sepamos dónde nos movemos, está llevando a que los jueces sean muy restrictivos sobre el secreto, o lo contrario: que lleguen a publicarse en un periódico conversaciones telefónicas contenidas en el sumario y que no pase nada", indicó Grande-Marlaska, que aportó un ejemplo personal al respecto: "Tenía un testigo protegido en un caso de terrorismo islamista en fase de instrucción, y apareció su foto y nombre real en un periódico. Y yo no podía actuar contra el periodista, porque no hay sanción penal posible. Lo denuncié a la comisión de deontología de la Asociación de la Prensa, y lo archivaron. Y si eso no era una vulneración de la deontología..."

Para el magistrado, en la reforma de la normativa sobre el secreto debería ampliarse la penalización sobre posibles responsabilidades penales a los periodistas. Hasta ahora, solamente se actúa contra jueces, fiscales o funcionarios judiciales que violen el secreto, pero los periodistas que publican estos materiales sensibles quedan impunes.

A pesar de lo anterior, Grande-Marlaska defendió el papel de los medios de comunicación y la información judicial, y se mostró partidario de que las actuaciones judiciales deban ser conocidas desde un primer momento, salvo supuestos excepcionales en los que se debe limitar la publicidad para no impedir el desarrollo del proceso.

En algún momento, el público asistente le preguntó sobre alguno de los casos en los que participó, a lo que el magistrado declinó responder argumentando que, por su deber de imparcialidad, ni él ni ningún juez debería manifestarse públicamente sobre los asuntos que instruye.

Por su parte, Teresa Cárdenes defendió la labor de los informadores, y denunció cómo en los últimos tres años los políticos que han sido incluidos en investigaciones sobre posibles actos de corrupción intentan desviar la atención acusando a los periodistas de querer difamarlos y de utilizar filtraciones.

La directora de La Provincia calificó de "patraña" esa idea que existe entre el público de que los periodistas están sentados en su mesa esperando que les llegue el informe filtrado. Por el contrario, precisó que la labor periodística es fruto de paciencia y de "cazar pequeños indicios con los que construir informaciones veraces".

Para Cárdenes, es significativo que contra las filtraciones siempre protestan los políticos investigados, nunca los magistrados que instruyen o los policías que investigan. Y recordó, además, casos de políticos que, como Zerolo (CC) o Soria (PP), habían protestado ante los tribunales sobre las posibles filtraciones, y sus denuncias fueron archivadas.

Por el contrario, opinó que, salvo algunas excepciones, los medios se han portado de manera exquisita en esos casos: "A veces hemos retenido durante meses información para evitar que afloraran y afectara a las investigaciones".

LÍMITES

La periodista reconoció que la información debe tener límites: buscar siempre la veracidad, estar alerta ante los maniqueísmos y evitar que alguna de las partes intenten manipular al informador. Es, asimismo, muy importante preservar la presunción de inocencia, y jamás redactar presumiendo la culpabilidad de alguien, algo que a veces olvidan los redactores jóvenes, reveló la directora de La Provincia. Hay que estar alerta. Y no perturbar jamás las investigaciones.

En cuanto a la aportación de la vertiente académica de la mesa, los profesores Benito Reverón e Inés Iglesias, ambos volvieron a coincidir en la necesidad de articular mejor el secreto de sumario, intentando que el balance entre derecho a la información y a la no obstrucción del proceso sea más eficaz que en la actualidad. Para la profesora de la Universidad de Vigo, el juez debería ser quien resuelva qué partes del sumario son secretas y cuáles no.

Por su parte, Reverón cree que existen precauciones excesivas a la hora de decretar secreto de sumario con la idea de preservar derechos fundamentales como el del honor o la intimidad.

En ese sentido, recordó que el Tribunal Constitucional reconoce que la libertad de información prevalece al honor si tiene relevancia pública y si es veraz, y que existe una instrucción de la Fiscalía General en la que se recuerda que, dentro de ciertos límites, cabe dar información sobre los informes y escritos incluso de acusación, sobre el estado del imputado, los presuntos delitos informados e, incluso, sobre los avances en la investigación, siempre que no se entre en diligencias concretas que puedan fracasar, como la intervención de teléfonos, en cuyo caso se justifica el secreto.