Hacienda dilata el Estatuto Orgánico del futuro Consejo de Transparencia

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UPyD reprocha al Gobierno que incumpla la ley a tres meses de su publicación y le pregunta si es así como lucha contra la corrupción

   MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está dilatado la redacción del Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, y que tendría que haberse aprobado antes del pasado lunes, 10 de marzo.

   Ese fue el plazo que se fijó el propio Ejecutivo para la aprobación del real decreto mediante el que se regulará ese estatuto. En concreto, la disposición adicional séptima de la Ley de Transparencia establece que el Consejo de Ministros debía dar luz verde a ese real decreto, en el plazo de tres meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que se produjo el 10 de diciembre del año pasado.

   Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press restan importancia a esta demora y explican que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que dependerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ya está trabajando en el futuro real decreto.

SIN PRISA HASTA FIN DE AÑO

   En el Ejecutivo calculan que ese estatuto orgánico podría estar  listo antes del verano, pero en todo caso la previsión es que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no se constituya hasta final de año porque, recuerdan, no será hasta el próximo 10 de diciembre cuando entre en vigor la totalidad de la ley.

   Desde la publicación de la norma ya rigen los artículos relativos al denominado 'buen gobierno', pero la propia ley estableció una moratoria de un año para todo lo relativo a la transparencia de las administraciones públicas y los organismos privados que reciben financiación pública afectados por la ley.

   Así las cosas, parece que aún faltan varios meses para que se designe a las personas que integrarán el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyas funciones son "promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno", pese a que éstas últimas están en vigor desde diciembre.

   Desde Unión, Progreso y Democracia (UPyD) han pedido explicaciones al Gobierno por el retraso en la aprobación del estatuto orgánico. Su portavoz parlamentaria, Rosa Díez, ha alertado de que esta demora podría "comprometer la correcta entrada en vigor y aplicación de la ley" y, por eso ha registrado una batería de preguntas al Gobierno, a las que ha tenido acceso Europa Press.

   "¿Considera el Gobierno que incumplir con la Ley de transparencia es 'cumplir' en la lucha contra la corrupción? ¿Es éste el compromiso del Gobierno con la transparencia y la regeneración democrática?", rezan dos de los interrogantes que plantea Díez, quien emplaza al Ejecutivo a poner fecha a la aprobación del real decreto sobre el estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

SÓLO COBRARÁ EL PRESIDENTE

   Según establece la ley, el consejo estará compuesto por dos órganos: la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el presidente de esta comisión, que lo será también del consejo. Quien ocupe la Presidencia será el único que cobre por su labor, estará en el puesto un máximo de cinco años y no podrá ser reelegido.

   El presidente será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tendrá que ser una persona "de reconocido prestigio y competencia profesional" y antes de su nombramiento tendrá que examinarse ante la comisión correspondiente del Congreso. Después de que el Consejo de Ministros apruebe su nombramiento, la Cámara tendrá que refrendarlo por mayoría absoluta.

   Además del presidente, integrarán la Comisión de Transparencia un miembro del Congreso y otro del Senado; un representante de cada una de las siguientes instituciones: Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia de Protección de Datos, uno de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Los miembros de la comisión no tendrán dedicación exclusiva ni derecho a remuneración, salvo el presidente.