Un informe de Human Rights Watch destaca que España es el primer país que ha destruido sus reservas de bombas de racimo

HRW recuerda que sólo 7 países han ratificado la Convención sobre Bombas de Racimo y que se requieren 30 para que entre en vigor

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Sólo siete países han ratificado desde el pasado diciembre la Convención sobre Municiones de Racimo aunque se necesita que lo hagan al menos 30 para que, seis meses después, pueda entrar en vigor, recordó hoy la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe en el que destaca que España se ha convertido en el primer país que concluye el proceso de destrucción de estas armas.

Los Estados que han ratificado el texto son Australia, el Vaticano, Irlanda, México, Noruega --que lideraron el proceso para la creación de la Convención-- y dos países donde se han usado las bombas de racimo, Laos y Sierra Leona.

Asimismo, HRW critica que algunos de los Estados que más utilizan las bombas de racimo, como Estados Unidos, Rusia e Israel, o China, que se cree que posee unas grandes reservas, no han firmado el tratado, que se adoptó en mayo de 2008 y quedó abierto a la firma en diciembre. Sí cuenta, en cambio, con la rúbrica de 96 países, incluidos 20 de los 28 Estados miembros de la OTAN y 35 países que han almacenado municiones de racimo.

Entre los firmantes figuran algunos de los países "mas contaminados" por el uso de estas armas en el pasado --como Afganistán, Laos y Líbano-- y muchas naciones que ya han comenzado a destruir sus reservas de bombas de racimo, entre las que el informe resalta a España por ser el primer país que ha acabado este proceso, el pasado mes de marzo, tras haber anunciado en diciembre su intención de hacerlo en siete meses.

En febrero de 2008, según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, España tenía 5.587 municiones de racimo de cinco tipos con 251.836 submuniciones. En marzo de este año ya había destruido todas excepto 863 (con 28.615 submuniciones) que pretende conservar para su uso en entrenamientos y pruebas, algo permitido por la Convención. Para poder destruir todas las reservas de este arma, el Gobierno pagó 4,9 millones de euros a Fabricaciones Extremeñas, del Grupo Industrial Maxam.

En junio de 2008, el Gobierno español declaró una moratoria unilateral en el uso, la producción y la transferencia de bombas de racimo, y en septiembre dijo que aplicaría provisionalmente el Artículo 1 de la Convención (prohibiciones básicas) hasta el momento de su ratificación.

Aunque España aún no ha ratificado el tratado, el Gobierno anunció en marzo la aprobación del instrumento de ratificación en el Congreso de los Diputados y añadió que el Senado no tardaría mucho en hacerlo también. Estos hechos ponen de manifiesto una evolución en la actitud de España en relación con la cuestión de las bombas de racimo, ya que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero destacó su "alto valor operativo".

Además, España es parte de la Convención sobre Armas Convencionales y ha ratificado el Protocolo V sobre los Restos de Explosivos de Guerra.

CAMBIO A MEJOR

El informe 'Prohibir las municiones de racimo: Política y práctica gubernamental', elaborado por HRW y la ONG británica Landmine Action, incide en que cada vez más países se unen a la Convención sobre Municiones de Racimo, que prohíbe el uso, la producción y la transferencia de estas armas y exige la destrucción de las que están almacenadas en un plazo de ocho años y la limpieza de las zonas afectadas en diez años, además de establecer un marco para asistir a las víctimas de estas municiones.

"En sólo unos pocos años, muchos países han pasado de insistir en que las municiones de racimo son armas maravillosas vitales para la defensa nacional a proclamar que no se deben volver a usar nunca" por los daños que causan a las personas, dijo el director de la División de Armas de HRW, Steve Goose.

Las bombas de racimo pueden ser disparadas por sistemas de artillería y cohetes o lanzadas por aviones. Normalmente explotan en el aire y despiden varias decenas o incluso centenares de pequeñas submuniciones o bombitas en un área del tamaño de un campo de fútbol. A menudo, éstas explotan al impactar sobre alguna superficie, comportándose como minas y representando un peligro para la población civil durante varios años.

ESTADOS UNIDOS

Entre los países firmantes cuyas políticas han experimentado un cambio positivo más notable, el informe cita a España, Dinamarca, Francia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Australia, Canadá, República Checa, Italia, Suecia, Suiza y Sudáfrica. Sin embargo, Estados Unidos destaca precisamente por lo contrario. "Estados Unidos no va acorde con la mayoría de sus aliados militares", declaró Goose.

"Debería haber una política de la OTAN para no usar bombas de racimo en las operaciones militares conjuntas. Estados Unidos no debería poner a los firmantes del tratado en una situación en la que tengan que luchar junto con militares estadounidenses que usen municiones de racimo", opinó.

El año pasado, Washington aceptó que deberían prohibirse la mayoría de las municiones de racimo, eso sí, a partir de 2018. A iniciativa del Congreso, el Gobierno declaró ilegal la exportación de estas armas en marzo de este año.

"Incluso los gobiernos que no han firmado el tratado están volviendo a examinar sus políticas sobre bombas de racimo porque saben que la historia no verá con buenos ojos a los futuros usuarios, productores o exportadores de estas armas", subrayó Goose.