MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso que busca reformar la ley que rige la concesión de los indultos con el fin de que se excluya de esta medida de gracia a quienes hayan sido penados por delitos de tortura, terrorismo, electorales y ecológicos, pero también una amplia relación de delitos económicos.
Entre éstos, el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural y diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, cita la estafa, el blanqueo de dinero, los societarios y dirigidos contra la Administración y la Hacienda públicas, la malversación y el fraude, la prevaricación urbanística o los denominados 'delitos masa', variable del delito patrimonial referido a los casos de fraude colectivo.
Con esta propuesta, Llamazares pretende, por un lado, poner fin al "abuso endémico" de la institución del indulto por parte del Ejecutivo y, por otro, "garantizar la transparencia" de cada una de las decisiones.
Para cumplir el segundo de los objetivos, el texto plantea que los Reales Decretos de otorgamiento de indulto, además de los datos sobre el órgano sentenciador, las variables temporales y las condiciones impuestas, contemplen también el delito cometido, el grado de ejecución alcanzado (actos preparatorios, consumación o tentativa), el título de imputación (autor o cómplice), la pena efectivamente indultada, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que lo justifica.
Tras subrayar que "un buen Código Penal reduciría drásticamente el número de indultos", Llamazares recuerda que la razón de ser de esta medida de gracia es "la necesidad de atemperar los rigores de la ley cuando ésta se demuestra indeseable en sus efectos, si bien sólo está justificada como solución in extremis, esto es, para el caso de que se demuestren insuficientes otros remedios".
Sin embargo, el parlamentario de IU por Asturias denuncia que "se está pasando de convertir en norma lo que tendría que ser una excepción". Es más, recalca que España es uno de los países occidentales donde el Gobierno "más abusa" de esta prerrogativa.
MÁS DE 17.600 INDULTOS
De hecho, recuerda que desde 1977 se han concedido 17.620 indultos, siempre según los datos del BOE, y que entre los "perdonados" está "lo mejor de cada casa: golpistas del 23-F, terroristas de los GAL, policías torturadores, políticos corruptos, empresarios corruptores, banqueros, jueces corruptos o militares falsarios".
La proposición no de ley de IU se completa solicitando que en caso de informe desfavorable del Tribunal sentenciador, el Gobierno someta la petición de indulto a una Comisión Mixta Parlamentaria, compuesta por representantes parlamentarios y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que emitan un informe, que será vinculante para el Ejecutivo.