MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, afirmó este viernes que su organización entiende que hay "razones suficientes como para exigir al Gobierno de España la convocatoria de un referéndum para que sea el pueblo español de forma soberana el que decida" sobre este paquete de medidas para reducir el déficit público presentado el pasado miércoles y que "se adopta contra los trabajadores y el pueblo español".
En rueda de prensa en la sede federal de IU, destacó que el anuncio de estas medidas es un "golpe de Estado del capital financiero contra las conquistas de los trabajadores y contra los intereses de la ciudadanía", pues van dirigidas "contra una parte de la clase trabajadora, contra los pensionistas y distintos sectores de la sociedad que no son los responsables de la crisis".
Lara aseguró que IU no quiere "cambiar de Gobierno", sino que lo que quiere es que el PSOE "gire su política económica". Para eso, subrayó que es "necesaria la presión popular" y planteó que por eso IU defiende un referéndum y "movilizaciones ante los poderes especulativos y financieros".
"El PSOE está cada vez más a la derecha, y el giro que tiene que venir es de mucha más izquierda social y económica. No queremos sustituir a Zapatero, pero sí que la presión social le haga cumplir su programa. Cuando llegue la hora de las elecciones, que se convoquen, y que, de paso, se haga con un sistema electoral donde todos los votos valgan lo mismo", expuso.
Asimismo, resaltó que IU está apoyando las movilizaciones desde el "primer día que se están produciendo", y recordó que él ya dijo el 14 de diciembre de 2008, al ser nombrado coordinador federal, que era necesaria una huelga general, pero que la soberanía para ello es de los sindicatos. Agregó que la coalición sigue "siendo respetuosa con esa soberanía".
APOYO A LA HUELGA DEL SECTOR PÚBLICO
Apuntó que IU apoyará la huelga del sector público del 2 de junio, y explicó que en cualquier caso, aún respetando esa soberanía de los sindicatos para convocar o no una huelga general, el país está "ante la necesidad de ir a hacer una acción global en el conjunto del Estado, porque están sufriendo muchos más sectores que los trabajadores del sector público". Además, adelantó que el último fin de semana de junio IU organizará una "gran movilización en Madrid".
A su juicio, con las medidas anunciadas se pretende "liquidar el principio del Estado social de derecho recogido en el artículo 1.1 de la Constitución Española, se pretende desmontar el escaso Estado del bienestar que hay en España, debilitar al movimiento obrero organizado, socavar las bases de la propia democracia, y al aceptar una imposición exterior se vulnera el principio de soberanía nacional".
Lara señaló que el Gobierno "viola su propio programa electoral, el acuerdo con los sindicatos, rompe unilateralmente el Pacto de Toledo y ha traspasado una línea roja al atacar a los trabajadores y a las capas populares". Denunció además que "ni una sola medida se dedica a los responsables de la crisis, al poder financiero, a la banca y a los especuladores".
"Zapatero dice que las medidas adoptadas son inevitables. Pero el Gobierno está de rodillas ante el poder financiero internacional y, por tanto, ha puesto de rodillas a la democracia española, mientras sí que hay alternativas posibles sin castigar a los de abajo", destacó.
PROPUESTAS ECONÓMICAS DE IU
Estas alternativas las planteará la coalición en sede parlamentaria para su debate. Entre ellas destaca, por ejemplo, recuperar el Impuesto de Patrimonio, pues así se generarían unos ingresos de 2.200 millones de euros, que representan, según IU, 200 millones de euros más que lo que representa la congelación de pensiones y el endurecimiento de las condiciones para la pensión parcial.
Asimismo, propone IU la reducción de 3 puntos de PIB en la economía sumergida, medida que representaría un "aumento de la recaudación fiscal de 10.000 millones por año, es decir, 4.000 millones más que la reducción y congelación de los salarios de los empleados públicos".
Otra medida defendida por Lara es el aumento de la tributación del 43 al 50 por ciento en el tramo último del IRPF -el de las rentas más altas-, que permitiría aumentar la recaudación fiscal en 2.500 millones de euros. Sobre esto, recordó que en los gobiernos de Felipe González este tipo llegó a estar al 56 por ciento.
Dentro de la propuesta de IU hay medidas sobre las SICAV, equiparación en tributación de rentas de trabajo y capital, aumento de la tributación de las sociedades financieras y de las empresas que cotizan en Bolsa, tasas sobre transacciones en la Bolsa, incremento de recaudación del IVA por utilización en consumo de billetes de 500 euros y reducciones de la Iglesia Católica, Casa Real y retirada de tropas de Afganistán.
IU, asimismo, convoca a todos los grupos parlamentarios a un acuerdo de reforma fiscal progresiva, propone medidas de racionalización de gasto público, crear un sistema público de cajas de ahorro, limitar los altos salarios tanto en la administración pública como en la empresa privada, y reclama que no perciban "subvenciones, ayudas, avales o bonificaciones públicas las empresas privadas que paguen retribuciones a sus ejecutivos por encima de las del presidente Zapatero".
En esta línea, propone que se graven con una tasa del 0,2 por ciento todas las transacciones de acciones y valores realizadas en las Bolsas españolas. Finalmente, reclamó que los ejecutivos de las empresas del Ibex se bajen sus sueldos por "ética, ejemplo y austeridad".