JpD exige medidas ante el alto nivel de presión "psicosocial" que sufren los jueces por su carga de trabajo

Proponen compensaciones por exceso de jornada y "doblar el número de efectivos"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jueces para la Democracia (JpD) ha hecho público este martes un informe-encuesta sobre carga de trabajo en la carrera judicial del que resulta un "alto y alarmante nivel de exposición" de este colectivo a lo que se denominan "riesgos psicosociales" derivados de su ejercicio profesional, en su mayor parte por la carga de trabajo que soportan. La asociación exige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la adopción de medidas preventivas.

Según el informe, basado en una encuesta realizada a 286 jueces (un 5,48 del total de la carrera), se trataba de determinar el grado de exposición de los jueces españoles en su ejercicio profesional a los conocidos como "riesgos piscosociales", que son las condiciones con las que este colectivo desarrolla diariamente su trabajo.

Entre los factores que inciden en este resultado se encuentran, según los resultados de este informe, "la falta de fijación de un máximo de carga a efectos de salud laboral y la ausencia de toda herramienta de evaluación de los riesgos psicosociales a que se ven expuestos los miembros de la Carrera Judicial".

Para JpD existe una "ocultación de multitud de enfermedades derivadas del trabajo o accidentes de trabajo con el consiguiente perjuicio económico para la salud y a nivel de prestaciones de seguridad social para los damnificados".

Así, denuncian que el CGPJ "se ha negado hasta la fecha a fijar una carga de trabajo máxima a efectos de salud laboral" y que "los resultados de esta peregrina política están a la vista y no pueden ser más preocupantes".

A juicio de la asociación progresista de jueces, "las condiciones de sobre carga de trabajo, agravadas por la situación de crisis económica y la supresión de 1500 sustitutos externos" ha propiciado una situación "insostenible que ha mermado la calidad del servicio que se está prestando a la ciudadanía".

INCIDENCIA EN LAS MUJERES

Según los resultados de este informe, las mujeres son las víctimas más claras de una falta total de política preventiva en esta materia, como lo evidencian los datos que revelan que sufren hasta un 25 por ciento que los hombres por el factor de "doble presencia en casa y en el trabajo" lo que supone que la falta de medidas preventivas implica un impacto de género importante.

Este factor de "doble presencia" en casa y en el hogar afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral un 23,52 por ciento más a las mujeres que a los hombres, según el informe, "lo que evidencia que siguen siendo ellas quienes soportar la carga de conciliar y quienes se ven más afectadas por la falta de evaluación de riesgos y por la falta de planificación de la actividad preventiva n materia psicosocial".

También se ha medido "psicométricamente" el volumen de trabajo en relación al tiempo disponible para realizarlo y este es el riesgo psicosocial que resulta más elevado entre todos los analizados en un porcentaje de alta nocividad (92'66- 95,83 por ciento ellas; 89,94 por ciento ellos) según este mismo documento.

"Este resultado se traduce no sólo en un grave peligro para la salud psicológica y física de los jueces de este país, sino también en una causa directa de la lentitud de la justicia, recayendo su efecto directamente en los justiciables, que ven postergado su derecho a una resolución rápida de su litigio", afirma JpD.

MEDIDAS A ADOPTAR

JpD propone medidas preventivas como que se prohíba superar cargas máximas de trabajo a efectos de salud, compensaciones por exceso de jornada, convocatoria de vacantes hasta doblar el número de efectivos; evaluación de personas especialmente sensibles a riesgos psicosociales y realización de un mapa de juzgados que por su carga de trabajo y condiciones "evidencien un alto nivel de riesgo psicosocial".

También reclaman información a los posibles afectados de los trámites para "que la contingencia de su patología sea declarada profesional y no derivada de enfermedad común" y que las actuales evaluaciones médicas se conecten con los datos de juzgados que se hallen en el mapa de riesgos.