La hermana de Puig Antich no puede finalmente declarar por videoconferencia en el Consulado
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La juez argentina María Servini ha acordado suspender temporalmente las declaraciones de una docena de víctimas del franquismo, entre ellas la hermana de Salvador Puig Antich, tras recibir una llamada del embajador argentino en Madrid manifestándole el malestar del Gobierno español.
Desde la Red Ciudadana de Apoyo a la querella Argentina contra los crímenes de franquismo (Red-Aqua) han manifestado a Europa Press su "sorpresa" por esta circunstancia después de que todos los testigos hubieran sido citados a comparecer desde este miércoles en el Consulado argentino para declarar por videoconferencia en la causa en la que piden imputar a dos ministros del general Francisco Franco, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad.
Entre otros, se han querellado contra Rodolfo Martín Villa, quien ocupó cargos en el franquismo y los ministros José Utrera Molina --suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón-- y Fernando Suárez; así como a los jueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.
Según ha explicado el abogado de los querellantes Carlos Slepoy, el Ministerio de Exteriores emitió una queja al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, porque esta diligencia se haya efectuado sin comunicación previa al Estado español y sin comisión rogatoria.
El embajador transmitió el "profundo malestar" de las autoridades españoles a la magistrada y pidió suspender las declaraciones ante su posible anulación por falta de comisión rogatoria. Las víctimas han conocido este hecho cuando ya se han encontrado en el Consulado y después de que, en un primer momento, se les comunicara que había problemas técnicos para realizar las videoconferencias.
A su juicio, este "escollo" supone "piedra más en el camino" para las víctimas del franquismo que creían estar viviendo un "momento histórico" por tener la oportunidad de ser oídas por primera vez por un tribunal.
La hermana de Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados por el garrote vil durante la dictadura franquista, Merçona ha explicado a las puertas del Consulado que acudía con la esperanza de que el crimen no quede "impune" y que "paguen" sus responsables. Ha denunciado que el Gobierno "no ha resarcido su memoria y ha pasado página".
El resto de víctimas presentes en el Consulado también han mostrado su deseo de que sea éste sea el paso "definitivo" para dar su testimonio ante un tribunal y que los responsables de los crímenes sean investigados, encausados y enjuiciados.
Su querella también está dirigida contra los agentes de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pachecho, alias 'Billy el Niño', y José Ignacio Giralte González, contra el escolta Celso Galván Abascal y el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar por "consentir" torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.
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