Una juez de la Audiencia Nacional impide que un acusado se exprese en bable por no ser "una lengua cooficial"

Angela Murillo advierte que ella podría utilizar el castúo y que no existe el derecho a "hablar en la lengua que a uno le dé la gana"

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La juez Angela Murillo impidió hoy a un independentista asturiano juzgado en la Audiencia Nacional por estragos terroristas que se expresara en bable por no ser "una lengua cooficial", y alegó que ella, nacida en Extremadura, "también podría hacerlo en castúo" (el dialecto de esta región) pero entonces no le "entenderían".

La magistrada, presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, adoptó esta decisión cuando el acusado, Fernando González Rodríguez, expresó su intención de "'falar' en lengua asturiana", y aseguró que, de no poder utilizarla, renunciaría a su derecho a declarar durante la vista, en la que se enfrentaba a ocho años de cárcel por colocar, en septiembre de 2005, un artefacto explosivo en la sede del PSOE de Infiesto (Asturias).

"No tiene derecho a hablar en la lengua que le dé la gana a usted", le advirtió la juez Murillo antes de convenirle que debía expresarse en castellano porque es "el idioma oficial" y lo conocía "perfectamente". La decisión de la presidenta provocó que la defensa del acusado presentara una protesta ante el tribunal, al que acusó de vulnerar el artículo 24 de la Constitución por no permitir a su cliente "expresarse en su propia lengua".

Posteriormente, la letrada del independentista, Begoña Lalana, solicitó un receso para intentar que su cliente reconsiderara su decisión de no declarar, aunque éste se mantuvo en su posición. Así, a la pregunta del fiscal Miguel Ángel Carballo de si ratificaba su declaración policial, contestó "sí, ratifícola", lo que motivó que la juez le impidiera seguir declarando en bable.

"UN 'BICHU PRENDÍU'"

Durante la vista, que fue aplazada hasta el próximo 29 de enero cuando se practicaba la prueba pericial, los agentes que detuvieron al acusado explicaron que le seguían desde 2003 para investigar si podía estar prestando apoyo a miembros de ETA, ya que durante una estancia en la cárcel de Villabona conoció a integrantes de esta organización terrorista y alojó en su domicilio a algunos de sus familiares que acudían a visitarles.

El instructor del atestado correspondiente a la detención declaró que la Policía estaba investigando la colocación de otros artefactos similares y que sospechaban del acusado porque en ocasiones anteriores éste se había desplazado hasta el País Vasco para participar en actos convocados por grupos de la izquierda 'abertzale' como Gestoras Pro Amnistía o SEGI.

Según el relato de los agentes, cuando se produjo la detención, el acusado se encontraba en el interior de un vehículo aparcado a unos cien metros de la sede del PSOE de Infiesto. En ese momento, les advirtió que junto a los pedales había "un 'bichu prendíu'" que iba a explotar, en referencia al artefacto, que uno de los agentes consiguió desactivar apagando sus mechas.

En concreto, el explosivo estaba compuesto por gasolina, un aerosol y dos voladores manipulados que, a juicio de un perito policial que compareció ante el tribunal, era "una imitación precisa de los de 'kale borroka'".

ANAGRAMAS DE ETA

Además, llevaba consigo tres folios con plantilla a bolígrafo con la leyenda "Puxa asturies dixebra puxa socialista asturiana y puxa asturies llibre ya socialista". En su domicilio se le incautaron pegatinas con el anagrama de ETA y un manual para fabricar explosivos.

A petición de la defensa, testificaron varios dirigentes del movimiento sindical asturiano que acreditaron la participación del acusado en protestas de carácter laboral, "sin relación con reivindicaciones políticas". "Es un muchacho solidario, prudente, no exhibicionista y parco en palabras --dijo uno de los testigos--, un hombre bueno, como diría don Antonio Machado, en el mejor sentido de la palabra".