La juez cita a declarar como testigos a empresarios y altos cargos sobre la trama de ITV

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona ha citado a declarar como testigo a mediados de septiembre al expresidente de Sony España Pedro Navarrete, y a su esposa, mientras que ya ha tomado declaración este junio, según consta en el sumario, al consejero delegado de Ficosa, Xavier Pujol, y al director financiero Josep Maria Serra, sobre la presunta trama de las ITV catalanas.

En un auto del 20 de abril de 2012, casi un mes después de las cinco detenciones, la juez afirma que "existen indicios racionales suficientes" de que empresarios y altos cargos presuntamente intentaron crear una estructura operativa para obtener de manera fraudulenta adjudicaciones de estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Catalunya.

En este documento, que consta en el denso sumario, la juez enumera las personas que están siendo, según dice, "investigadas": además de Oriol Pujol, el director general de Energía, Minas y Seguridad Industrial, Josep Maria Canós; la directora general de Calidad Ambiental, Assumpta Farran; la jefa del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Margarida Gil.

La relación de nombres prosigue con Pedro Navarrete, su esposa, y los directivos de Ficosa antes mencionados.

También aparecen en dicha lista de "investigados" los detenidos e imputados en marzo: Isidre Masalles; Josep Tous; y los empresarios del sector Sergi Alsina, Sergio Pastor y Ricard Puignou.

Según la juez del caso, con la estructura operativa los investigados estaban tratando de lanzarse en el negocio de las empresas de servicios energéticos (EMSEs) que se encargan de los proyectos de eficiencia energética.

Un informe de la Agencia Tributaria resume que el objetivo final de este proyecto consistiría en realizar certificaciones energéticas primero en edificios industriales y públicos y después en edificios de uso residencial, logrando que dichas inspecciones fueran obligatorias.

Según el auto del 20 de abril, este grupo estuvo presuntamente "realizando maniobras y gestiones tendentes a la manipulación de un futuro concurso público para la obtención de la adjudicación presuntamente fraudulenta de autorizaciones de ITV, evitando un procedimiento de concurrencia pública a la que pudieran acceder diversos operadores a valorar con criterios de objetividad, al ya estar pactadas parte de las adjudicaciones".