La Ley de Transparencia arranca su tramitación en el Congreso y el 30 de mayo se someterá a su primer debate

El Ejecutivo promete flexibilidad pero la oposición pone reparos a la agencia que vigilará la ley y a las medidas sobre 'buen gobierno'

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Transparencia, que entró en el Congreso hace ocho meses, va a arrancar su tramitación parlamentaria con idea de presentar enmiendas la próxima semana y celebrar el primer debate en sesión plenaria el próximo día 30 de mayo, según han acordado los grupos parlamentarios reunidos este jueves con el Gobierno.

El Ejecutivo ha prometido flexibilidad para adaptar su proyecto inicial a las demandas que los grupos parlamentarios y los expertos han venido lanzando en estos meses, como la inclusión de la Casa del Rey y de aquellas entidades privadas que, como partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, se financian "sustancialmente" con dinero público. No obstante, se mantienen las posiciones distantes en temas como la independencia de la futura agencia estatal que vigilará la aplicación de la ley y en las medidas de 'Buen Gobierno'.

El calendario que se baraja arrancaría con la presentación de las enmiendas de totalidad contra el proyecto del Gobierno, el próximo martes día 21, y el debate de las mismas en el Pleno del día 30, posiblemente con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría defendiendo el texto del Ejecutivo.

En estas semanas se pretende encajar también las últimas comparecencias de expertos, en este caso de los representantes de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. Después se presentarán enmiendas parciales, previsiblemente el 11 de junio, y a partir de ahí reuniones de ponencia y en la Comisión Constitucional para buscar acuerdos en la redacción de un texto legislativo, basado en el proyecto inicial del Ejecutivo pero actualizado con las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Los 'populares' han aceptado la petición de los grupos de que haya un debate en el Pleno antes de remitir la norma al Senado, probablemente en julio. La tramitación parlamentaria se completará en la Cámara Alta a la vuelta del verano y estará definitivamente terminada antes de final de año. No obstante, según prevé el proyecto, las medidas sobre transparencia no entrarán en vigor hasta un año después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿CÓMO AFECTARÁ A LA CASA DEL REY?

En la reunión, organizada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y a la que faltó UPyD, se habló del ámbito de aplicación de la ley, habida cuenta de que el texto original se limitaba a las Administraciones Públicas y en estos meses se ha gestado una unanimidad para que afecte también a la Corona, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, y todas aquellas entidades privadas que se nutran "sustancialmente" de financiación pública.

Respecto a la inclusión de Casa del Rey, la institución se mencionará en el artículo 2, junto con las Cortes, órganos judiciales y el Defensor del Pueblo, entre otras, aunque en la reunión no se han cerrado más detalles. Según ha subrayado Esteban González Pons, que encabezó la delegación del PP, la Jefatura del Estado "va a ser una institución transparente, en igualdad de condiciones que el resto" porque "no va a haber en la ley ninguna excepción referida" a ella.

Pero la Constitución establece que el Rey distribuye su presupuesto libremente, sin que deba dar cuenta de ello. Desde el PSOE entienden que la ley no puede cambiar la Carta Magna, pero también sostienen que no debería haber "restricciones específicas". Según la socialista Meritxell Batet, la cuestión es cómo se interpretan los límites, pero a su juicio la Casa del Rey debería ofrecer la misma transparencia que el Congreso y mostrar lo que sus miembros ingresan, lo que tienen y lo que gastan en su actividad pública.

Para Jordi Jané, de CiU, "la Corona entra plenamente" en el capítulo de instituciones sujetas a transparencia y espera que la ley fije los detalles y que su mención en la ley no sea una mera "cortina de humo".

También se ha confirmado el acuerdo para la inclusión de los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, aunque aún hay que determinar cómo afectará la norma a otras entidades como organizaciones no gubernamentales o empresas que reciben fondos públicos.

EL PSOE QUIERE METER A LA IGLESIA

La idea es fijar una cantidad de fondos públicos, ya sea mediante porcentaje, como defiende el Gobierno, o en cantidades globales, una fórmula que baraja el PSOE. Pons habla de un "porcentaje elevado de los presupuestos", mientras que el PSOE lo concreta en un 40% del total o bien una cantidad neta anual (10 ó 20 millones de euros). Por ahí es donde el PSOE quiere incluir a la Iglesia.

Ayllón da a entender que, aunque la ley no incluirá una lista cerrada de entidades, la Iglesia podría verse concernida: "Si en alguna de sus formas jurídicas recibe una parte de fundamental de sus presupuestos del erario público, tiene que estar en la ley", ha comentado.

Respecto al régimen sancionador, según ha explicado Pons, se va a estudiar qué tipo de sanciones deben fijarse, tanto para las administraciones públicas, lo que a priori resulta más fácil, como para las entidades privadas, que entraña más dificultades. La ley ya incluye algo en ese sentido y el Gobierno asegura no tener "ningún inconveniente" en definirlo más.

Batet entiende que no tendría sentido que no hubiera sanciones para una administración que no ponga a disposición de los ciudadanos la información. El PSOE también quiere acotar los límites a la difusión de información o al menos que las denegaciones de información también se publiquen para poder ver cómo se aplica la ley: "Es la Transparencia de la Transparencia" sostiene.

Por su parte, CiU quiere añadir otros asuntos como un mecanismo para evaluar el cumplimiento de resoluciones parlamentarias, un Inventario de bienes de la Administración General del Estado, y la regulación de los 'lobbies' o grupos de influencia, un tema que el Gobierno prefiere enmarcar en la reforma del Reglamento del Congreso que está abierta.

LA INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA EVALUADORA

Uno de los principales escollos entre el PSOE y el PP está en la futura Agencia de Evaluación de la Transparencia, la entidad que tendrá que fiscalizar si la administración cumple o no sus obligaciones. Para los socialistas, debe reforzarse su independencia del Gobierno, con un responsable nombrado por el Parlamento y un mandato más allá de la legislatura (nueve años, por ejemplo).

"El Gobierno no parece en condiciones de garantizar esa independencia que queremos --sostiene Batet--. Es el tema donde están más reticentes, pero es una de las patas que nos parece que hay que reforzar". También CiU ha demandando un "mayor consenso sobre la independencia" de este órgano.

Ejecutivo y oposición chocan también en la segunda parte del proyecto de ley, referido a las medidas de 'Buen Gobierno' que, entre otras cosas habilitan al Ministerio de Hacienda para sancionar e incluso cesar a responsables municipales por supuesta mala gestión, algo que PSOE y los nacionalistas consideran contrario a la Constitución e invasivo con las competencias locales y autonómicas.

En aras del consenso, el PSOE no se plantea una enmienda de totalidad pero ya avisa de que, si no se tocan estos aspectos, no apoyarán el texto. Tanto PNV como CiU amagan con presentarla por ese título del 'Buen Gobierno'.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ve "disposición" y "buena voluntad" para mejorar el proyecto que en su día presentó el Gobierno y alcanzar un acuerdo para que aprobar una "ley de todos y para todos". Según González Pons, se está "construyendo un importante consenso" para sacar adelante una ley que sirva como un instrumento eficaz contra la corrupción. "Un país transparente es casi seguro un país sin corrupción", ha sentenciado.