C-LM, CyL, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla aumentaron el gasto en papel e impresión en Justicia

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Justicia de las comunidades de Castilla La Mancha, Castilla y León, Baleares y Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla gastó 2,3 millones de euros en papel e impresión en 2016, aumentando el gasto pese a la implantación del plan 'papel cero' que pretendía impulsar las comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia.

Este dato responde a una pregunta al Gobierno del senador de En Comun Podem Joan Comoreras relativa al gasto en papel y tóner en los Juzgados de las Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias. Según la información del Gobierno, el gasto el pasado año fue de 889.389 euros en papel y de 1'47 millones de euros en tóner en las cuatro comunidades y dos ciudades autónomas.

En declaraciones a Europa Press, Comoreras considera que el plan 'papel cero' del Ministerio, que desde 2016 obliga a la digitalización de las comunicaciones en la Administración de Justicia, es "irreal" y señala que estas cifras contraponen las buenas intenciones del Ministerio con la realidad, pues "el gasto ha ido incrementándose en los últimos años".

AUMENTO DE GASTO DESDE 'PAPEL CERO'

Según el senador, la implantación de LexNet, un sistema de comunicación electrónico para abogados y procuradores, lejos de reducir el gasto en papel ha aumentado, ya que en los juzgados las comunicaciones acaban imprimiéndose.

Así, los datos oficiales muestran que el gasto de papel e impresión en 2016, año en el que se impulsó el plan 'papel cero', experimentó un ascenso con respecto al dato de 2015, cuando se invirtieron 1,83 millones de euros.

Pese a que Comoreras preguntó al Gobierno sobre el gasto de Justicia de todas las comunidades, el resto de regiones tienen transferidas las competencias por lo que el Gobierno desconoce el gasto en papel e impresión.

Si bien, desde el grupo de Podemos en el Senado aseguran que la extrapolación de estos datos, por población, daría un gasto de la Administración de Justicia en el conjunto del país de al menos 17 millones de euros.