MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero jurídico de Amnistía Internacional Hugo Relva calificó hoy de "acertada y positiva" la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de declararse competente para investigar los crímenes con la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo y enfatizó que "ya era hora" de que España investigara "su propio pasado".
En declaraciones a Europa Press, Relva aseguró que la decisión de Garzón se orienta "en la dirección correcta" y recordó que Amnistía Internacional ha pedido durante los últimos años la investigación de "las graves violaciones a los derechos humanos" cometidas durante los años de la Guerra Civil y el Franquismo.
"Así como España ha puesto tanto empeño, por fortuna, en investigar graves violaciones a derechos humanos cometidas en otros países en base al principio de jurisdicción universal, ya era hora de que investigara su propio pasado", defendió.
Además, advirtió de que si todavía quedan personas vivas responsables de alguno de esos crímenes tendrán que comparecer ante los tribunales, aunque reconoció que dependerá de su estado de salud. Garzón reclama en su auto al Ministerio del Interior los datos que identifiquen al máximo número posible de dirigentes de la Falange Española entre el 17 de julio de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1951 para que una vez identificados acuerde "lo necesario sobre la imputación y extinción en caso de fallecimiento de su responsabilidad penal".
INDISPENSABLE LA APERTURA DE FOSAS
El consejero jurídico de Amnistía Internacional apuntó además como "absolutamente indispensable" la apertura de las fosas comunes y lamentó que sólo en España se mantengan cerradas. "En todos los demás países se abren, se investiga a quien pertenecen los restos y se les entregan a sus familias", argumentó.
"Lo contrario es impensable --continuó--. No es admisible, no es aceptable que España continúe teniendo fosas comunes que se sabe dónde están y permanecen cerradas sin que las familias puedan averiguar el destino de sus familiares". "Además, no es algo que compete sólo a las familias, hay una obligación del Estado de dilucidar la suerte de las personas allí enterradas", enfatizó.