Memoria.- Las asociaciones piden a los Ayuntamientos la creación de oficinas de información a las víctimas

Hoy han hecho entrega al juez Garzón de un listado con los nombres de 143.353 desaparecidos documentados

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica que hoy presentaron ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado con los nombres de 143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la represión franquista han pedido a los Ayuntamientos de todo el país que pongan a disposición de los familiares de desaparecidos oficinas de información, que puedan recoger también datos que se sumen a los hoy entregados al magistrado.

En una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, explicó que las asociaciones están "extenuadas", aunque "satisfechas", ante el "ingente trabajo" que han tenido que hacer para recopilar los datos para la elaboración de un listado único con datos de los miles de desaparecido.

Por ello, pidió la "colaboración" de todos los Ayuntamientos, "desde el mayor hasta el más pequeño", para que pongan en marcha estos mecanismos, de manera que "escuche" a los familiares, recoja y transmita estos datos a la Audiencia Nacional, y cumplan así con una "súplica" que, según explicó, los familiares han hecho llegar a las asociaciones "sobre todo a raíz de las diligencias" abiertas por el juez Garzón. Aunque Maqueda aseguró que algunos Ayuntamientos se han "dignificado" colaborando con los familiares, el coordinador de la web dedicada a investigar el paradero de los desaparecidos 'www.todoslosnombres.org', Cecilio Gordillo, lamentó que todos los Ayuntamientos, excepto los cinco cuya colaboración fue solicitada expresamente por el juez Garzón en la apertura de sus diligencias, "han evadido la responsabilidad al entender que ellos no habían sido requeridos por la Audiencia Nacional y por tanto no se veían vinculados" y no han colaborado con ninguna información.

Además, aseguró que otras Administraciones, como las Juntas de Andalucía y Extremadura "no han aportado ningún dato". Sólo la Xunta de Galicia y la Generalitat, explicó, han ofrecido información por iniciativa propia.

MÁS DE 140.000 DESAPARICIONES DOCUMENTADOS.

A pesar de estas dificultades, gracias a su "ingente trabajo", las asociaciones han logrado elaborar un listado con los nombres de 143.353 desaparecidos. En concreto, corresponden 14.660 casos a Castilla y León; 3.424 a Madrid; 42.131 a Andalucía; 6.000 en Asturias; 29.034 en Valencia; 1.000 en Murcia; 8.851 en Castilla-La Mancha; 9.538 proceden de Aragón; 7.000 de Galicia; 2.535 de Cantabria; 1.900 de País Vasco; 3.920 de Navarra; 2.070 de La Rioja; 2.211 de Canarias; 768 de Ceuta y Melilla; 1.486 de Baleares; 3.338 de Cataluña y otros 9.486 de Extremadura.

No obstante, las asociaciones han advertido de que estas cifras no son definitivas, ya que, por un lado faltan miles de casos por documentar y, por otro, pueden darse "algunas duplicaciones", ya que carecen de un método para cruzar los datos recabados por las distintas autonomías.

La Plataforma, que agrupa a 12 asociaciones y que ha recibido la colaboración de algunas otras, aseguró que los familiares están "satisfechos" por el trabajo realizado, pero, según explicó su secretaria, son "precavidos" ante la decisión que pueda tomar finalmente el juez Garzón sobre la admisión a trámite de las denuncias presentadas.

A partir de ahora, la "esperanza" de los familiares es que el magistrado decida investigar las desapariciones y puedan cumplirse "los tres pilares básicos" de la recuperación de la memoria: la verdad, la justicia y la reparación.

No obstante, insistieron en que la responsabilidad primera sigue siendo del Estado, que no cuenta con "mecanismos" para acometer la recuperación de la memoria y que hasta ahora ha "obviado siempre" su responsabilidad de investigar estos crímenes "de lesa humanidad".

Para Paqui Maqueda, este retraso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado se debe a "la ausencia total de voluntad política" por parte de todos los Gobiernos, "independientemente del signo político". En este sentido, subrayó que ha habido "Ayuntamientos de derechas que han colaborado a tope y otros de izquierdas que no han colaborado nada".

RECIBIDOS POR GARZÓN.

El juez de la Audiencia Nacional recibió esta mañana a los representantes de siete asociaciones de la Plataforma, que en una reunión de una media hora con el magistrado, le hicieron entrega de los listados en distintos formatos. A su salida del encuentro el representante de la asociación granadina, Rafael Gil Bracero, aseguró que muchos abuelos "murieron deseando un día como el de hoy". "Les estamos haciendo justicia histórica", añadió.

La información recabada en los últimos días por estas agrupaciones responde a una petición realizada por el juez, que concedió el pasado 2 de septiembre un plazo de 15 días a las partes, que finalizaba hoy, para aportar "una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación".

Los denunciantes han presentado otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Han aportado también datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos. En total las asociaciones personadas en la causa, que aún no ha sido admitida a trámite, son 22.

El juez pidió en una providencia dictada el pasado día 2, celeridad en la aportación de pruebas "con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez" y "obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto".

Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.