Memoria.- Asociaciones promueven una nueva ley que contempla una comisión para buscar a los 'hijos robados' en la guerra

Recoge una Comisión de la Verdad ante la que autoridades del Estado y miembros de la judicatura explicarían "su concreta actuación"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de la Memoria Histórica promueven una nueva ley para las víctimas del franquismo y contra la impunidad que contempla, entre otras medidas, la creación de una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos para tratar de localizar a "los hijos secuestrados de las presas republicanas que fueron luego adoptados por otras familias" o la restitución de inmuebles y papel moneda "robado por el franquismo".

Las asociaciones de la memoria ya han redactado un anteproyecto de esta nueva norma, que se denominará 'Ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad', y buscarán ahora llevarla al Parlamento mediante la fórmula de iniciativa legislativa popular, que permite plantear este debate con el impulso de las firmas de 500.000 ciudadanos.

El anteproyecto, que ha sido redactado por juristas especializados en Derecho Penal Internacional y en materia de derechos humanos, contempla, entre otras medidas, la creación de una Comisión de la Verdad, cuyo objetivo sería garantizar a la sociedad española "el derecho a conocer la verdad" de lo ocurrido durante esos años, así como esclarecer "la actual situación de impunidad y el completo abandono de las víctimas durante todos estos años tras el fin de la Dictadura".

Esta Comisión, que estaría formada por magistrados y expertos internacionales de Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos, no tendría carácter judicial aunque sí realizaría audiencias locales por todo el país para recabar los testimonios de represaliados y familiares y citaría a distintas autoridades del Estado y miembros de la judicatura a declarar "para el examen de su concreta actuación".

En el anteproyecto se recoge también medidas sobre los "niños robados durante el Franquismo" que, según recuerdan las asociaciones, "ni siquiera menciona" la actual Ley de la Memoria. Entre ellas, contempla la creación de una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos que se ocuparía de tratar de localizar a los "hijos secuestrados de las presas republicanas que fueron luego adoptados por otras familias", así como la de un banco nacional de ADN para tratar de localizarlos.

En este sentido, las asociaciones recordaron que estos "niños robados" no han tenido la oportunidad de conocer "su verdadera identidad" y, además, hay familias "que siguen buscando todavía hoy por sus propios medios" a estos niños.

La nueva normativa incluye también la anulación de todas las "sentencias de pena de muerte o condenatorias emitidas sin juicio previo o sin cumplir las mínimas condiciones de legalidad", así como la restitución de inmuebles y papel moneda "robado durante el Franquismo" a "sus auténticos propietarios de conformidad con el derecho internacional".

Entre otras cuestiones, el anteproyecto impulsado por las asociaciones recoge igualmente la necesidad de justicia y reparación para las víctimas de la represión de los crímenes que aún no han prescrito o el reconocimiento a los maquis y sus puntos de apoyo.

INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS

En un comunicado, las asociaciones explicaron que con esta iniciativa pretender cubrir las "numerosas lagunas que ha dejado vacías" la Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor hace dos años, y adaptar la normativa al derecho internacional.

En este sentido, calificaron de "inadmisible" que la actual Ley de Memoria "esté copiada" de una norma anterior de Francisco Franco, además de violar "derechos humanos de las víctimas, como que se encargue la localización de las víctimas de las fosas a los familiares, en vez de ser el Estado el que asuma esas tareas como exigen los organismos internacionales".

En la misma línea, lamentaron no haber recibido respuesta alguna "medio año después" por parte de Presidencia del Gobierno desde que el pasado 7 de julio más de 60 asociaciones de la Memoria de todo el país y organizaciones de derechos humanos entregaran en el Palacio de la Moncloa un escrito en el que se denunciaban las graves violaciones de hasta cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de la citada ley.