PSOE y PP unen sus votos para rechazar que se compense a los periódicos incautados por Franco, como pedía CiU
MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Constitucional del Congreso aprobó esta tarde, con el único voto en contra del PP, una proposición no de ley pactada entre el PSOE e IU-ICV por la que insta al Gobierno a retirar en el tiempo más breve posible, todo tipo de mención y símbolos franquistas de las dependencias de la Administración General del Estado.
El texto inicial presentado por IU e ICV fijaba un plazo de un año para la retirada de toda esa simbología, cuya supresión prevé el artículo 15 de la conocida como Ley de Memoria Histórica, pero finalmente los firmantes de la iniciativa aceptaron la enmienda del PSOE, que presentó el diputado Daniel Fernández.
Fernández rechazó poner un plazo "único y artificial" para la eliminación de esos vestigios y argumentó que, por ejemplo, en las próximas semanas está previsto que se sustituyan por símbolos plenamente constitucionales los franquistas que aún lucen en la Capitanía General del Paseo de Colón de Barcelona. Además, subrayó que el Gobierno ya cumple "con rigor, eficacia y celeridad" la Ley de Memoria.
El diputado del PP Jorge Fernández, justificó por "coherencia" su voto en contra, dado que su formación ya rechazó el artículo 15 de la norma aprobada en diciembre de 2007, que prevé la supresión de todos los vestigios franquistas de la Administración General del Estado, y negó al resto de grupos la capacidad para extender "certificados de demócratas".
SOCIEDAD EDITORA UNIVERSAL
Por otra parte, PSOE y PP unieron sus votos para rechazar una proposición no de ley de CiU que pedía restituir o compensar a los propietarios de empresas editoras de periódicos cuyas cabeceras y material fueron incautados por el franquismo.
Ese fue el caso de la Sociedad Editora Universal, empresa que publicaba periódicos como el Heraldo de Madrid, El Liberal (Madrid, Sevilla y Murcia), El Defensor o La Moda Práctica, según recordó el diputado de CiU Jordi Xuclà, quien señaló que durante la posguerra el régimen franquista expolió aquellas cabeceras que habían tenido una trayectoria democrática y liberal antes del conflicto bélico.
CiU proponía restituir a los perjudicados o, en su caso, a sus herederos, los importes de los bienes incautados por la dictadura, actualizando las sumas en razón del tiempo transcurrido desde la efectiva incautación y prever la exención a nivel impositivo del importe económico de las restituciones que procediese por las incautaciones.
EL PRIMER BOE, EN EL SOCIALISTA
Aún compartiendo el espíritu de la petición de CiU, el socialista Daniel Fernández justificó su voto en contra alegando que ya rechazó una solicitud similar durante la tramitación de la Ley de Memoria Histórica.
Tras recordar que el primer Boletín Oficial del Estado (BOE) franquista se imprimió en las instalaciones de 'El Socialista', alertó a CiU de la dificultad de diferenciar entre las incautaciones de los medios de producción de los periódicos y las que tuvieron lugar en otro tipo de empresas, siempre reconociendo la importancia que para una democracia tienen los medios de comunicación, en la que incidió Xuclà.
Además, el diputado del PSOE estableció una distinción entre las compensaciones por incautaciones ya aprobadas para partidos políticos y sindicatos, subrayando que si éstos aparecen mencionados en el Título Preliminar de la Constitución es "por algo".
Por su parte, el 'popular' Jorge Fernández Díaz, señaló que la iniciativa de CiU, como otras muchas de las que se debaten en la Comisión Constitucional evidencia que la Ley de Memoria "no convenció" ni a los grupos minoritarios que la apoyaron e insistió en que "no se puede tener permanentemente abierto el Estado con reclamaciones por hechos que ocurrieron hace másde 70 años".