Memoria.-El Foro de Salamanca confía en el "buen hacer" de los jueces para que sigan con la exhumación de fosas

SALAMANCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro por la Memoria de Salamanca hizo hoy un llamamiento al "buen hacer y a la profesionalidad" de los jueces y juezas de la provincia para que pongan los medios necesarios y puedan ser exhumadas las fosas existentes en ella, donde, tal y como apunta, es probable que la cifra de 650 represaliados del franquismo dada por el juez Baltasar Garzón termine siendo más del doble.

El colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press,instó a los juzgados de instrucción de Ciudad Rodrigo a que intervengan en la exhumación de las fosas de El Rebollar y de otras que hubiera en la zona, donde aún yacen los restos de cientos de asesinados en terraplenes, montes y fosas "que debieran tener un entierro digno".

Además esta asociación lamentó que Garzón haya desistido de continuar con el procedimiento aunque, por otra parte, valoró el proceso de instrucción iniciado porque, a su juicio, han crecido las expectativas de familiares y víctimas y porque "ha elevado la concienciación de la ciudadanía no sólo con el avance en la exhumación de cadáveres de personas que fueron represaliadas durante el franquismo sino con el reconocimiento, de una vez por todas, de que el franquismo no fue más que el producto de un genocidio llevado a cabo por los generales golpistas y quienes les apoyaban".

Por último, el Foro por la Memoria de Salamanca criticó las presiones a que se ha visto sometido Garzón por parte de las más altas instancias del Estado y por la actitud de un PSOE y de un Gobierno que "han dado la espalda a miles de personas que fueron torturadas y asesinadas por defender la libertad".

Este proceso, iniciado por decenas de asociaciones de recuperación de la memoria e impulsada por ha sido consecuencia, tal y como estima el colectivo, de una mala Ley de la Memoria que no permite que sea el Estado, a través de una dotación suficiente de medios económicos y humanos, quien se haga responsable de las exhumaciones sino que lo deja en manos de víctimas, familiares y asociaciones, "lo cual dificulta la posibilidad de dignificar la memoria de miles de personas anónimas enterradas en los lugares en que fueron ejecutados por defender la democracia y luchar contra el totalitarismo".