Diputados socialistas creen que el Ejecutivo debe ser más activo para facilitar la búsqueda de desaparecidos
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ultima un borrador de protocolo para homologar la forma en que se realizan las exhumaciones de víctimas de la guerra civil que será enviado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para consensuar un texto único, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
La elaboración de un "protocolo de actuación científica multidisciplinar" para las exhumaciones está prevista en la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 y fue acordada por el Gobierno el pasado 31 de octubre, pero su redacción está pendiente de acordarse con los gobiernos autonómicos y locales.
El protocolo será muy exhaustivo y regulará los informes --arqueológicos, científicos-- que son necesarios para iniciar una excavación, los trámites administrativos y los profesionales --como jueces o forenses-- que deben estar presentes en cada caso. El borrador se está elaborando en el Ministerio de la Presidencia y sólo está pendiente de aportaciones de algunos Ministerios.
Las fuentes subrayaron que esta iniciativa forma parte del desarrollo de la llamada Ley de Memoria Histórica y no tiene nada que ver ni con la causa que abrió Garzón para investigar los crímenes de la guerra civil y el franquismo y hacer un censo de desaparecidos, ni con su decisión de inhibirse en la causa a favor de los juzgados provinciales donde se encuentran las fosas.
De hecho, diputados socialistas consultados por Europa Press subrayaron que la decisión de Garzón no paraliza las actividades de exhumación iniciadas por las asociaciones de interesados, aunque algunos consideraron que haría falta una actitud más activa por parte del Ejecutivo para promover las exhumaciones.
En este sentido se pronunció la diputada Carmen Hermosín, presidenta de la Comisión de Interior del Congreso y ex consejera de Justicia andaluza. "Tiene que haber algo que agilice, un protocolo de actuación ágil y eficaz con el objetivo de que la ley se vaya aplicando", señaló.
Hermosín recalcó que son necesarias orientaciones para que todas las administraciones procedan de forma similar a la hora de autorizar y realizar sus exhumaciones. En su opinión, podrían ser necesarias también orientaciones por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los jueces responsables de los registros civiles.
"ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO"
También el portavoz de Izquierda Socialista Juan Antonio Barrio, que fue ponente de la Ley de Memoria Histórica, opinó que el Gobierno debería "ser más proactivo" en la exhumación de desaparecidos. "Debería promover que sea no sólo un asunto de interés para los familiares, sino un asunto de interés público", añadió.
La Ley de la Memoria Histórica fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2007 y las asociaciones de defensa de la Memoria Histórica reprochan al Gobierno que no se esté aplicando suficientemente rápido. El Ejecutivo, por su parte, asegura que el desarrollo de la ley está casi completado.
De hecho, el pasado octubre, junto a la decisión de redactar este protocolo para exhumaciones se aprobaron varias medidas para conceder la nacionalidad a los hijos y nietos de exiliados y a los brigadistas internacionales, y se dio luz verde al pago de indemnizaciones a las víctimas de la última etapa del franquismo y al procedimiento para obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes sufrieron persecución.