El ministro dice que el sentido de ampliar la pena para quienes convoquen algaradas es poder encarcelarlos cautelarmente

La reforma eximirá a los que convoquen sin ánimo violento, aunque luego se produzcan disturbios

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado este jueves que la reforma del Código Penal que pretende ampliar la pena de uno a dos años de cárcel para aquellos que convoquen actos violentos a través de medios como Internet, está pensada para poder encarcelar de manera cautelar a una minoría violenta que genera alarma social y daña la imagen de España.

"Como para pedir medidas cautelares tiene que haber una pena mínima de dos años y actualmente esos delitos están contemplados en el Código Penal con penas de uno a tres años de cárcel, nuestra pretensión es que en lugar de uno a tres años, pase a ser de dos a tres o de dos a cuatro. Si el mínimo es de dos años entonces, atendiendo a cada caso y teniendo en cuenta la multirreincidencia o el grado de violencia, el fiscal puede pedir cárcel como medida cautelar", ha explicado el ministro al ser preguntado por los periodistas.

Según ha dicho, "cada vez hay más grupos antisistema violentos que se están manifestando usando técnicas de guerrilla urbana, produciendo atentados contra las personas y los bienes públicos y privados". A su juicio, "alteran la convivencia pacífica, generan alarma social y están haciendo mucho daño a la imagen de España" y por ello cree el ministro que "eso con incrementar de un año a dos la pena mínima, se podría resolver". "No hay ahora en el ordenamiento jurídico una respuesta a ese fenómeno novedoso", ha zanjado.

SE APLICARÁ "EL SENTIDO COMÚN"

Ha advertido que se aplicará el sentido común y que no será lo mismo "gritar a sangre y fuego en una manifestación que actuar". Habrá que analizar cada caso, ha explicado Fernández Díaz al tiempo que ha precisado que la reforma eximirá a quienes convoquen una concentración sin ánimo violento y luego derive en disturbios o incidentes.

"Estamos hablando de un proceso que se inicia con la convocatoria por parte de un grupo de personas para organizarse y que esa organización tiene como finalidad la comisión de hechos delictivos. Hay que valorar los hechos y quien lo tiene que hacer es primero la Policía por si tiene que detenerlos y luego fiscales y jueces", ha zanjado.

Fernández Díaz ha hecho estas declaraciones tras la reunión a la que ha asistido junto a los ministros de Justicia y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente para abordar los casos de niños robados.