La Guardia Civil clausura la web del referéndum por orden del Juzgado 13 de Barcelona

La Fiscalía ordena investigar a los alcaldes que colaboran con el referéndum y detenerlos si no comparecen

La AMI y la ACM llaman a los alcaldes a declarar "porque no tienen nada que esconder"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha clausurado este miércoles la página web referendum.cat por orden del Juzgado número 13 de Barcelona, cuyo titular es Juan Antonio Ramírez, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la intervención.

La página web referendum.cat puesta en marcha por la Generalitat de Cataluña para informar sobre el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre ya no se encontraba operativa a las siete horas de esta tarde, según pudo comprobar Europa Press.

Las citadas fuentes han explicado que la Guardia Civil se ha personado esta tarde en la empresa CDMON, encargada de gestionar el dominio, con un mandamiento judicial en el que se ordenaba la clausura de la web, que dejará de visualizarse por completo en un máximo de seis horas.

El juez que ha ordenado el cierre es el mismo que el 3 de marzo encargó a la Guardia Civil la labor de policía judicial en la causa abierta a raíz de las conferencias del exsenador de ERC Santiago Vidal, quien reveló que el Gobierno catalán tenía una partida camuflada de 400 millones para el referéndum ilegal del 1 de octubre y crear estructuras de Estado.

En el marco de estas pesquisas, el juez Ramírez ha llamado a declarar a numerosos altos cargos de la Generalitat implicados en los preparativos del 1-O en el marco de la investigación por los delitos de revelación de secretos, malversación, desobediencia, prevaricación y sedición. Además de Vidal, ha citado al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y al jurista Carles Viver Pi-Sunyer.

Por mandato judicial, la Guardia Civil interrogó como testigos a varios altos cargos del gobierno catalán, entre ellos el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director general de Comunicación, Jaume Clotet.

A raíz de estos interrogatorios, la Generalitat interpuso ante el juzgado de guardia una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo estas diligencias, lo que motivó que el juez Ramírez mostrara su apoyo a los agentes del Instituto Armado.

El 31 de marzo, la Guardia Civil se personó por orden de la Fiscalía en una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad, a las que dio un plazo de ocho días para que entregaran la información sobre los contratos intercambiados con la Generalitat en su intento de disponer de una 'estructura de Estado', incluyendo sus propios servicios de inteligencia y agencia tributaria.

Por este motivo, la Generalitat informó el 27 de junio de que las dos empresas que habían optado al concurso para la adquisición de 8.000 urnas habían renunciando al mismo, obligando al Govern a buscar alternativas.

El 28 de julio, la Guardia Civil tomó declaración en la comandancia de Travessera de Gràcia a varios funcionarios de la Generalitat por su implicación en la elaboración de la web del 'Pacte pel Referèndum' y en la campaña institucional que animaba a los catalanes que viven en el extranjero a apuntarse en el llamado "Registro de catalanes en el exterior".

El Instituto Armado también tomó declaración a la empresa de comunicación que se encargó de hacer la campaña publicitaria del registro de catalanes en el exterior.

ACTO EN EL TEATRO NACIONAL

Días antes, el 13 de julio, agentes de la Guardia Civil acudieron al Teatro Nacional de Cataluña (TNC) para presentar un auto del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el que se le notificaba que disponía de cinco días para informar sobre el alquiler de este espacio para el acto en el que el Govern dio detalles de la ley con la que se pretende convocar el referéndum del 1-O.

En ese acto, celebrado el 4 de julio, el presidente Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras trataron de convencer, arropados por el Govern (remodelado horas antes) de que la ley de convocatoria cumplía las garantías democráticas. Dos agentes de paisano notificaron que el juez Ramírez exigía detalles sobre quién pagó y organizó este acto.