Una pareja arranca la placa ubicada en la Diputación de Guipúzcoa en contra de la orden de colocar la bandera española

Tras ser detenidos y puestos en libertad, se les imputa un delito de hurto por el que deberán responder ante la justicia

SAN SEBASTIAN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una pareja de mediana edad arrancó en la tarde de este domingo la placa institucional que se encontraba a la entrada del Palacio foral de Guipúzcoa, en San Sebastián, que recoge la declaración que informa de la colocación de las banderas oficiales en la Diputación en aplicación de la Ley de Banderas y muestra el rechazo de la institución a la orden de colocación de la bandera española en la sede foral.

Según informaron fuentes de la Diputación guipuzcoana a Europa Press, sobre las 16.30 horas del domingo las cámaras de seguridad de la institución foral detectaron que una pareja "había arrancado de cuajo" la citada placa.

Los servicios forales avisaron de inmediato a la Guardia municipal. Tras personarse en el lugar, los agentes identificaron y detuvieron a dos personas que portaban la citada placa. Se trata de un hombre y una mujer, ambos de 41 años y residentes en Madrid, a los que se les interrogó y posteriormente quedaron en libertad, según informó el cuerpo policial.

Se les ha imputado un delito de hurto por el que deberán responder ante la justicia. En la jornada de este lunes, la Guardia Municipal visionará las cintas de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, con el fin de completar la información que remitirá al juzgado.

La Diputación de Guipúzcoa presentará la denuncia correspondiente contra estas personas y procederá en breve a colocar de nuevo la citada placa, que fue descubierta el pasado 27 de febrero por el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano.

La placa manifiesta el rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo que "obliga" a ondear la bandera española en el Palacio foral, un símbolo "impuesto bajo amenaza de sanción" en contra de la "voluntad mayoritaria" de los guipuzcoanos y "en contra de la capacidad decisoria de sus representantes", lo que, a su juicio, supone "una falta de respeto a la voluntad popular y una negación del derecho a decidir libremente".