El Parlamento Europeo pide explicaciones a España para aclarar si cometió "abusos" con la Ley de Costas

BRUSELAS, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de peticiones del Parlamento Europeo decidió enviar una carta a las autoridades españolas para que expliquen los detalles de la Ley de Costas de 1989 y aclare si se han producido "abusos" en su aplicación, tal y como denuncian varias asociaciones de afectados y ciudadanos de distintas nacionalidades europeas.

También preguntará a la Comisión Europea si la aplicación retroactiva de esta ley supone una vulneración de los derechos fundamentales de los afectados, en base a lo dispuesto por el Tratado de Lisboa y la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Un portavoz del Ejecutivo comunitario advirtió ayer en esta comisión que las instituciones europeas "no tienen competencia" en urbanismo para evitar pronunciarse sobre los casos denunciados.

La presidenta de la comisión parlamentaria, la italiana Erminia Mazzoni (PPE) decidió el envío de las dos misivas tras escuchar este martes a una docena de peticionarios y constatar un respaldo mayoritario a la medida entre los eurodiputados que tomaron la palabra.

Los denunciantes aseguran que la aplicación retroactiva de la Ley ha permitido el derribo de construcciones legalmente edificadas y que no se conceden indemnizaciones justas a los afectados en el litoral español. Entre los casos presentados este martes figuraban el del pueblo marinero de Chovito (Tenerife), la marina de Empuriabrava (Gerona) y un molino de mareas del siglo XVII en el País Vasco.

Los eurodiputados de distintos grupos políticos coincidieron en la necesidad de una ley que proteja el litoral de las amenazas del urbanismo, pero criticaron la "arbitrariedad" o el "capricho" con que las autoridades aplican una ley que perjudica a "más de 400.000" personas afectadas.

El eurodiputado Willy Meyer (IU) declaró el apoyo de Izquierda Unitaria a la Ley de Costas pero no a su aplicación "caprichosa y arbitraria" que "no tiene un patrón que trate por igual a grandes hoteleros o pequeñas viviendas".

La eurodiputada verde danesa Margrete Auken, autora de un duro informe sobre el urbanismo en España, valoró la legislación que protege las costas españolas pero criticó que sea "aleatoria en su aplicación" y reclamó normas "claras y transparentes" de expropiación para garantizar los derechos de los propietarios.

Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular, Carlos Iturgaiz, habló de las "grietas" de una ley "necesaria" y criticó al Gobierno por "no dejar la puerta abierta" a los afectados de cara a buscar una solución. Por ello pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que "escuche" a los denunciantes y "paralice" tanto la retroactividad como los deslindes y los derribos mientras revisa la norma.

Los también 'populares' Rosa Estarás y Gabriel Mato aludieron a los casos concretos en la isla de Formentera y del archipiélago canario, respectivamente, para criticar lo que en su opinión son "injusticias" y reclamar nuevos deslindes.

El eurodiputado socialista Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, recordó que el Tribunal Constitucional español es "quien decide" si una ley es constitucional o no y dijo que ha fallado a favor de la Ley de Costas. Reconoció "problemas" en una norma "compleja" y difícil de aplicar, pero afirmó que cuenta con el "apoyo" de los grupos ecologistas "españoles y europeos".

Eurodiputados de varias nacionalidades, entre ellos británicos y alemanes, se hicieron eco de las denuncias de compatriotas afectados por la aplicación de esta ley y reclamaron al Parlamento Europeo que actúe para que las autoridades españolas rindan cuentas y plantearon la posibilidad de bloquear los fondos comunitarios a las regiones afectadas.

El lunes, la directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz Antolín, defendió ante la misma comisión la Ley de Costas española porque su objetivo es "preservar" el litoral español y porque prevé compensaciones "justas" para los afectados.