El PDeCAT intenta desvincularse del caso 3% alegando que Convergencia no defendía la independencia

Dos empresarios reconocen donaciones a Catdem y Forum Barcelona pero aseguran que su intención era posicionarse en Cataluña

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PDeCAT ha querido desvincularse de su antecesora, Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso del 3%, José de la Mata, asegurando que son partidos completamente distintos y que, de hecho, sus estatutos así lo demuestran porque el primero sí defiende la independencia, mientras que el segundo no.

Así lo ha manifestado la defensa del PDeCAT en su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha imputado a la formación política como persona jurídica por considerarla continuadora de Convergència, que también está investigada por su presunta financiación irregular.

A la Audiencia Nacional han acudido Vicenç Mauri (presidente de Convergència) y Jordi Oliveras (responsable de Finanzas del PDeCAT), aunque ninguno de los dos está investigado en la causa, ya que su presencia ha sido de mera representación para informar de la organización de cada partido y su estructura interna.

Según han informado fuentes presentes en la comparecencia, la defensa del PDeCAT ha reconocido ante el magistrado que la herencia política que existe entre ambos partidos es innegable, ya que parte del núcleo duro del PDeCAT procedía de Convergència.

Sin embargo, ha insistido en que muchos de los que formaban parte de esta cúpula cuando el PDeCAT se fundó a mediados de 2016 ya no están --como es el caso de Marta Pascal--, y que la actual portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, ya no es ni militante.

EL JUEZ SÓLO VE UN CAMBIO DE APARIENCIA

Pero el juez De la Mata no opina igual, ya que en el auto en el que imputó a las dos formaciones políticas definió al PDeCAT como un mero continuador de Convergència para eludir ésta las consecuencias penales que pudiera acarrearle la supuesta financiación ilegal.

"La creación del PDeCAT se podría identificar con una mera transformación, o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir", explica.

Según las fuentes consultadas, los representantes de PDeCAT y Convergència han respondido sólo a preguntas de sus abogados sobre cuestiones técnicas que, a su juicio, avalan la diferenciación entre ambas formaciones, como el cambio de titularidad que han acometido en los contratos de arrendamiento de sus sedes y locales o la titularidad de la página web que mantiene el primero.

Por otro lado, De la Mata ha tomado declaración, también en calidad de investigados, al presidente y el vicepresidente del grupo Ortiz Construcciones y Proyectos, Juan Antonio Carpintero y Emilio Carpintero, respectivamente, sobre las donaciones realizadas a las fundaciones bajo sospecha de haber servido de tapadera para la financiación ilegal de Convergéncia, Catdem y Forum Barcelona.

Fuentes conocedoras de la declaración han explicado que ambos empresarios han reconocido que hicieron donaciones económicas, si bien han asegurado que desconocían por completo que las fundaciones tuvieran relación con ningún partido político.

"ENTRAR EN EL MERCADO CATALÁN"

Según han alegado los imputados a preguntas del juez y sus abogados, las donaciones respondían a una estrategia comercial para darse a conocer, posicionarse y tener presencia en Cataluña apoyando la promoción cultural de la comunidad autónoma. Estos empresarios madrileños querían, de acuerdo a las mismas fuentes, "entrar en el mercado catalán".

De la Mata asumió el pasado mes de abril la instrucción del llamado 'caso 3%' que investiga la financiación irregular de Convergència mediante donaciones como estas, ante la sospecha de que durante once años, el partido estuviese recibiendo fondos privados a través de las mencionadas fundaciones a cambio de manipular concursos públicos y adjudicaciones.

Según recogió el magistrado en el auto con el que tomó las riendas del caso, las donaciones irregulares ligadas a adjudicaciones ascenderían a más de un millón de euros. Mientras, sumaría 175 millones de euros el monto total de licitaciones comprometidas, adjudicaciones definitivas, modificaciones de proyectos y prórrogas afectadas.