MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP ha perdido hasta cinco votaciones en el Pleno del Congreso de este martes y ha visto cómo prosperaban asuntos a los que se ha opuesto relativos a las competencias del Tribunal Constitucional, el Estatuto de los trabajadores o la lucha contra la pobreza o las energías limpias.
Es la primera vez en esta legislatura en la que el partido que sustenta el Gobierno sufre tantas derrotas en la misma sesión plenaria, algunas de ellas con participación de su socio de investidura, Ciudadanos.
De entrada, el PP ha visto cómo el Pleno del Congreso acordaba tramitar dos proposiciones de ley a las que se opuso: la del PNV para revocar la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para poder suspender a cargos que incumplen sus sentencias, y una del PSOE para reformar el Estatuto de los Trabajadores para mejorar las condiciones de los empleados de subcontratas.
Luego el PP ha podido sacar adelante una iniciativa suya sobre víctimas del terrorismo, pero a continuación ha sufrido una nueva derrota, esta vez al prosperar una proposición no de ley impulsada por Unidos Podemos sobre las condiciones de trabajo de las camareras de piso en el sector turístico, iniciativa a la que votó en contra.
La confluencia del PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, junto con otras minorías, ha permitido aprobar también una moción socialista con medidas para luchar contra la pobreza, texto al que el PP también votó en contra.
ENFRENTAMIENTO CON CIUDADANOS
Por último, y tras un enfrentamiento directo con su socio de investidura, hasta el punto de vetar una enmienda transaccional que había negociado Ciudadanos, el Congreso ha aprobado una iniciativa del partido naranja sobre energías limpias que el PP no ha querido apoyar, limitándose a abstenerse.
Tras la formación del Gobierno, el PP perdió su primera votación en el Pleno del Congreso el 15 de noviembre, justo en la primera sesión plenaria después de la investidura. Esa tarde el PP vio como la oposición aprobaba, pese a su voto en contra, la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para paralizar la aplicación de la Ley Educativa del ministro José Ignacio Wert, una reforma cuyo debate había sido vetado además por el Ejecutivo.