PP y UPyD rechazan la idea de Izquierda Plural y BNG, apoyada por PSOE, de someter a referéndum los recortes de Rajoy

Los 'populares' subrayan que no se puede contraponer la supuesta legitimidad de la calle con los votos de los ciudadanos

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y UPyD han rechazado en el Pleno del Congreso tomar en consideración una proposición de ley de presentada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG para abrir la puerta a celebrar una consulta ciudadana sobre los recortes acometidos por el Gobierno desde su llegada al poder, una idea que también reclamaron los sindicatos en la huelga general del pasado 14 de noviembre y que ha contado con el respaldo del PSOE.

La proposición de ley toma como base las medidas anunciadas por Rajoy el pasado 11 de julio --entre las que figuraba la retirada de la paga extra a los funcionarios y la subida del IVA--, y sostiene que el Gobierno carece de legitimidad para esos recortes por cuanto que esas medidas "no cuentan con el aval democrático de los electores" al no estar contempladas en el programa con el que el PP concurrió a las generales hace ahora un año. De hecho, destacan que alguna de las medidas adoptadas, como el incremento de los tipos en el IVA, "contradice abiertamente" los compromisos electorales del PP.

Por ello, y al igual que defendieron los sindicatos en la última huelga general, piden que los ciudadanos, en tanto que depositarios de la soberanía, "tomen la palabra y se pronuncien sobre este programa de recortes". "Es necesaria la convocatoria de un referéndum que dé voz a la ciudadanía para que se pronuncie sobre unas medidas que están empeorando muchos de sus derechos", indican.

NO HAY DERECHO A PROMETER UNA COSA Y HACER LO CONTRARIO

Para abrir estos "canales de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones", Izquierda Plural y BNG proponen reformar la Ley de Referéndum para introducir la obligatoriedad del presidente del Gobierno de someter a consulta las cuestiones que afectan a derechos económicos, sociales y laborales.

Según Olaia Fernández Davila, del BNG, el Gobierno del PP es "puro caramelo con los poderes financieros y los oscuros señores de negro que les marcan el paso", pero "no hay derecho a que hayan engañado a la ciudadanía diciendo y prometiendo cosas en campaña electoral para ahora hacer precisamente lo contrario".

"Han engañado y mentido a la ciudadanía que ahora debería poder decidir en situaciones que les están comprometiendo el futuro, que les están despojando de derechos laborales, sociales y económicos que costó muchos años de lucha conseguir", ha asegurado.

En similares términos se ha pronunciado el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien considera que la actuación del PP en este primer año de Gobierno es una "inmensa estafa electoral" y que trata con "guante de seda" a los fuertes y se comporta con "guante de acero" con los débiles.

A su juicio, el Gobierno tiene la legalidad de su lado, pero no tiene legitimidad tomar medidas contrarias a su programa. "Pedimos que se dé un paso al frente --ha subrayado--. No creemos en el despotismo, sino en la democracia participativa de los ciudadanos, porque la democracia no acaba con las elecciones cada cuatro años".

El PSOE, por boca de Ramón Jáuregui, ha anunciado su voto a favor a la toma en consideración de la proposición de ley, aunque ha admitido que no está de acuerdo en su literalidad. "La apelación constante a la consulta previa rompe con los fundamentos de un Gobierno, que sólo debería recurrir al refrendo posterior cuando una medida realmente transforma marcos convivenciales", sostiene.

CON LOS PLEBISCITOS, PIERDE EL PARLAMENTO

Por su parte, UPyD ha pedido ejercer el voto en contra para descalificar la propuesta, que según su portavoz adjunto, Carlos Martínez Gorriarán, es "una ocurrencia" cuya aplicación sería "mala para la democracia" pues, de aplicarse la obligación de consultar las medidas económicas, el Parlamento acabaría perdiendo sus funciones y se limitaría la acción de los gobiernos con un "revival de plebiscitos y asambleas".

Ignacio Gil Lázaro, del PP, ha definido el texto de IU-ICV-CHA y BNG como una "chapuza jurídica", con un "puro panfleto" como exposición de motivos, y ha recordado que el poder del Parlamento emana de las urnas y que cuestionarlo supone tratar de deslegitimar la esencia misma de la democracia.

"No cabe contraponer la supuesta legitimidad de la calle a la libremente configurada por los ciudadanos con su voto --ha proclamado--. No cabe azuzar la crispación social mediante el uso irresponsable de la demagogia y la mentira".

También Emilio Olabarria, del PNV, ha puesto reparos a la iniciativa subrayando que el cumplimiento electoral de un programa electoral en sus estrictos términos acaba con el debate parlamentario y la posibilidad de mejorar las propuestas legislativas de un Gobierno. Del mismo, modo, el nacionalista catalán Jordi Xuclà ha cuestionado la argumentación de la iniciativa pero se ha decantado por la abstención.