La prevención, asignatura pendiente en España para evitar el secuestro parental de menores

Reclaman mayor voluntad política a la Administración y cambios para que la Fiscalía pueda intervenir para impedir la salida de un menor del país

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secuestro de menores por parte de uno de los progenitores sin el consentimiento del otro es un drama que en España suma al menos 187 casos, según ha registrado el Colectivo de Padres y Madres contra la Sustracción Parental, que alerta de que en este país fallan las medidas de prevención.

La práctica totalidad de estos casos afecta a padres casados o emparejados con mujeres extranjeras que, tras el deterioro de la relación, han regresado a su país de origen con su descendencia sin contar con el consentimiento del padre. Sin embargo, también hay casos que se dan en sentido contrario, la de alguna madre que ha visto impotente cómo su expareja se llevaba a sus hijos de España.

Heber Serrano lleva ocho años luchando para que la madre de su hijo, de nacionalidad rusa, acceda al menos a establecer un régimen de visitas que permita el contacto entre padre e hijo, que no se ven desde que la madre huyó a Rusia cuando el pequeño tenía 3 años. Hoy tiene ya 11.

Una sentencia española que impedía a la madre abandonar España sin autorización judicial previa no fue obstáculo para emprender la huida a Rusia. La mujer consiguió en el Consulado ruso hacerse un nuevo pasaporte con su nombre de soltera, alegando que llevaba más de un año sin saber del paradero del padre, lo que era falso.

RUSIA INCUMPLE SUS COMPROMISOS CON ESPAÑA

Serrano, apoyado por las autoridades españolas, ha reclamado sin éxito a Rusia que reconozca la sentencia española, que le concede al padre la guardia y custodia del menor. Rusia ha incumplido así un convenio bilateral con España para el reconocimento y ejecución de las sentencias de divorcio de un país en el otro, sin que este incumplimiento haya tenido la menor consecuencia para Moscú en sus relaciones con España.

Más tarde, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades rusas, Serrano centró sus esfuerzos en conseguir al menos un régimen de visitas recurriendo a la vía de mediación, que tampoco ha dado sus frutos porque la madre, dicen las autoridades rusas, no está nunca localizable.

"El problema es que Rusia protege mucho a sus ciudadanos", explica a Europa Press el portavoz del colectivo, Javier Somoza, que pide al Gobierno español aplicar el principio de reciprocidad en su trato a los ciudadanos rusos, teniendo en cuenta que en el Colectivo hay varios casos más de secuestro de menores perpetrados por mujeres rusas que se han refugiado en sus países de origen.

LOS LÍMITES DE LA ADMINISTRACIÓN

Desde el colectivo reclaman al Gobierno mayor "voluntad política" para presionar a las autoridades rusas en estos casos. Pero en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación indican que su actuación se topa con unos límites, "el respeto a la soberanía del otro Estado y a su ordenamiento jurídico", explica un portavoz del departamento que dirige Alfonso Dastis.

"Nosotros estamos al servicio de los ciudadanos españoles y haremos todas las acciones que legalmente se puedan hacer y se les acompañará en las gestiones", añade el portavoz, que explica que el papel de Exteriores es mayor cuando el otro país no es firmante del Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores. Rusia se adhirió en 2013.

En caso de que el otro país esté adscrito al convenio, las gestiones las lleva el Ministerio de Justicia, a través de la Autoridad Central, que se encarga de los trámites y ejerce de interlocutor ante el otro país, pero que no tiene influencia sobre sus decisiones judiciales.

Para padres como Serrano las gestiones de las autoridades españolas resultan insuficientes e infructuosas. Su desesperación es tal que se ha abierto un perfil público en redes sociales rusas con la esperanza de que su hijo, si le busca, pueda encontrarle algún día. También organizaciones de desaparecidos publican en Rusia los datos de su hijo y su foto con el mensaje "Heber, tu papa te busca".

La experiencia de los afectados a los que representa este colectivo les ha demostrado que, una vez que la madre o el padre abandona el territorio español con el menor, las posibilidades de que se consiga el regreso se reducen dramáticamente.

Y es que, en virtud del Convenio de la Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores, la última palabra sobre el regreso del menor a su lugar habitual de residencia la tiene el tribunal del país adonde haya sido trasladado por su progenitor sin el consentimiento del otro.

Por eso intentan convencer a la Administración de que se dote de un protocolo que ponga el foco en la prevención. Tras consultar con la Asociación Profesional de la Magistratura y otros expertos jurídicos, el Colectivo señala a la Fiscalía como la institución que podría estar llamada a ejercer un papel clave en la prevención.

La medida de retirar el pasaporte para evitar la salida del país de uno de los progenitores con el menor se ha demostrado ineficaz, pues existen fórmulas para conseguir otro título de viaje con el que viajar. Por eso, el Colectivo pide que la Fiscalía pueda adoptar medidas preventivas en tanto en cuanto la justicia no tome una decisión sobre la custodia del menor en caso de conflicto entre los padres.

Entre esas medidas, proponen que la Fiscalía pueda asumir la tutela del niño, decidir la colocación de pulseras GPS para controlar los movimientos del menor o decretar la obligación de los progenitores de firmar diariamente ante la Policía. Todo con el fin de evitar la salida del menor del país.

El Colectivo teme en la actualidad por el destino de dos menores que podrían abandonar el país de forma inminente con sus madres. Además de que ha detectado en las redes sociales grupos de mujeres que se dan consejos entre sí para sacar a sus hijos de España sin ser detenidas, incluso si para ello han de mentir sobre su relación con el padre.

ESPAÑA, REQUERIDA Y REQUIRENTE

Según los datos del Ministerio de Justicia, en 2016 se recibieron 116 solicitudes pidiendo la aplicación del Convenio de la Haya para la restitución a España de algún menor, mientras que la Autoridad Central española gestionó otras 102 solicitudes en las que se pide la colaboración española para devolver un menor traído de manera ilícita a España.

A diferencia de lo que hace el Departamento de Estado de EEUU, España no lleva un recuento global de los casos que se han conseguido resolver de manera satisfactoria y de los que quedan pendientes de solución país por país.

El Convenio de la Haya persigue como objetivos la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en
cualquier Estado parte del acuerdo, e intenta velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los países que son parte del convenio se respeten en los demás Estados.