El PSOE se opone a entregar a Argentina a los exministros franquistas

Defiende que la vía judicial respalda la prescripción de los crímenes que se les imputa y pide reactivar la Ley de Memoria Histórica

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se ha opuesto este miércoles en el Congreso de los Diputados a la entrega a Argentina de varios exministros franquistas reclamados por la juez María Servini, junto con otras autoridades del régimen, a las que acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco.

El PSOE ha enmendado la moción consecuencia de la interpelación que el diputado de IU Joan Josep Nuet dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que se reclamaba al Gobierno que reconsiderara su negativa a esta entrega. Ha propuesto que, a cambio, se inste a la Fiscalía que investigue si los hechos de los que se acusa a una veintena de reclamados son constitutivos de delito en España.

Según ha defendido el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor en el hemiciclo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ya han defendido en pasadas ocasiones la prescripción de los delitos de los que se les acusa por lo que la interpretación de la legislación excluye la extradición.

Sánchez Amor ha reconocido que este hecho deja "una sensación amarga" pero ha recordado que actuar así es aplicar las leyes aprobadas en democracia y, por tanto, proceder de forma distinta a la de los verdugos. "En una democracia los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado", ha recordado.

El representante socialista ha reclamado la puesta en marcha de otra vía, distinta a la judicial, que pueda servir para la reparación de las víctimas y la recuperación de la Memoria Histórica. "Hay que explorar otras vías, pongamos en marcha lo que establecía la Ley de Memoria Histórica, que ha sufrido una derogación de facto por parte del grupo que ejerce la mayoría", ha dicho.

Así, su enmienda reclama que se dé "inmediato cumplimiento y desarrollo" a esta norma y se recupere la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y la labor de localización de fosas y se proceda al entierro digno de los que yacen en montes y cunetas y a la retirada de todas las menciones conmemorativas de la sublevación militar, la Guerra Civil o la Dictadura.

El PSOE también pide el traslado de los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos y se prohiba que se celebren allí actos de naturaleza política.

Por su parte el PP, en boca del diputado Gómez de la Serna, ha recordado al resto de partidos de la izquierda presentes en el hemiciclo, y en particular al representante de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, que el último gran genocidio sufrido en España es "el terrorismo de ETA" y otras organizaciones terroristas.

El 'popular' ha cuestionado la entrega de los reclamados por la juez Servini. "Me niego a pensar que la justicia argentina sea de mayor calidad que la española", ha dicho y ha remarcado que esta cuestión, está jurídicamente resuelta.

REVOCAR EL ACUERDO

Nuet ha reclamado que el Congreso inste al Gobierno a revocar el acuerdo del 13 de marzo de 2015 por el que denegó la extradición de esas 20 personas reclamas por la jueza María Servini, tres de las cuales ya han fallecido, y entre las que se encuentran los exministros Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

Además, IU-ICV quiere que la Cámara emplace el Ejecutivo a "cumplir de inmediato la orden de detención preventiva cursada por Interpol" contra los 17 reclamados que continúan vivos, de manera que sean puestos a disposición de la Audiencia Nacional en cumplimiento de las leyes españolas de Extradición Pasiva, de Cooperación Internacional en Materia Penal y del Tratado Bilateral de extradición vigente ente España y Argentina.

Su iniciativa contará con el apoyo del Grupo Mixto, PNV y CiU mientras que UPyD ha adelantado que se abstendrá. Nuet se ha comprometido a dialogar con el PSOE para transaccionar la enmienda presentada.

Según ha explicado, no acceder a la entrega supone amparar la impunidad y proteger a personas sospechosas de haber cometido delitos internacionales. En su opinión, el acuerdo del Consejo de Ministros deja en "profundo desamparo" a los familiares de las víctimas. "Hagan un favor a nuestra historia, convivencia y reconciliación, pongamos a los verdugos ante los jueces y que sean ellos los que tengan la última palabra", ha dicho.