La reforma de las competencias y estructura de la administración local avanza "a buen ritmo", según el Gobierno

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el trabajo para proponer una reforma de la administración local avanza "a buen ritmo" y que se van consiguiendo "acuerdos puntuales" para redactar una nueva ley de bases de régimen local.

La negociación con el PSOE comenzó el pasado lunes. La intención del Ejecutivo es avanzar en el consenso y poder llevar un proyecto de ley a las Cortes en el mes de julio, antes de las vacaciones de verano. La iniciativa cuenta también con aportaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de las propias administraciones territoriales, de universidades y de expertos en la materia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y preguntada al respecto, Sáenz de Santamaría ha añadido que se trabaja para clarificar qué competencias corresponden a las entidades locales, cómo garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos y los mecanismos necesarios "para su cumplimiento". Y que todo ello, ha añadido, esté dentro de los márgenes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

POTENCIAR LAS DIPUTACIONES

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha venido desgranando cuáles son las líneas generales que busca el Gobierno, ya que los detalles están pendientes de la negociación con los socialistas.

Por un lado, se fijará una lista de las competencias municipales y, más que novedades en cuáles deben ser, el objetivo es que los ayuntamientos no se salgan de ellas y que estén correctamente financiadas. Además, para simplificar el mapa municipal, se apuesta por potenciar las diputaciones provinciales para que asuman los servicios que prestan muchos ayuntamientos pequeños con poca eficacia.

La propia FEMP envió un documento hace un mes como aportación a este trabajo. En él, señalaba una lista de competencias que deben ejercer los ayuntamientos y proponía que los menores de 20.000 habitantes que no puedan llevarlas adelante se las cedan a entidades mayores, como las diputaciones.

Este punto, la fijación de ese umbral de población, sin embargo, no contó ni dentro de la FEMP con el respaldo del PSOE. Los socialistas creen que las diputaciones deben dedicarse sólo a este papel de suplir a los municipios más pequeños, mientras que los 'populares' quieren que esta sea una opción preferente, pero no exclusiva.