LONDRES, 7 May. (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Eva Martínez Millán) -
El Gobierno británico prevé mantener durante 12 años el ADN de personas que fueron detenidas por delitos graves pero que no fueron encarceladas, desafiando así el el dictamen en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró ilegal la retención generalizada de las muestras, que en Reino Unido afecta a 850.000 inocentes.
El Ministerio de Interior baraja guardar durante este tiempo los códigos genéticos relacionados con delitos serios, de violencia y naturaleza sexual, mientras que los de los arrestos que no conllevaron encarcelamiento por crímenes menores se mantendrán por un espacio de seis años, así como el ADN de niños a partir de 10 años que hayan sido arrestados, aunque nunca hubiesen afrontado un proceso judicial.
Desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, dictó en contra de esta práctica el pasado diciembre se esperaba que el Gobierno procediese a la destrucción de las muestras de inocentes. Sin embargo, la decisión ha apostado por deshacerse de las muestras de ADN, pero mantener el perfil genético que éstas generan.
En consecuencia, la decisión adoptada para Inglaterra y Gales sigue la línea trazada hasta ahora, frente a la emprendida por el Ejecutivo de Escocia, que sólo mantiene durante tres años las muestras de los arrestados por delitos relacionados con violencia seria o sexual y por dos años más con el consentimiento de un juez.
Así, la oposición y activistas defensores de los Derechos Humanos consideraban que la decisión de Estrasburgo, que juzgó ilegal por su carácter "general e indiscriminado" mantener de forma indefinida los perfiles de ADN en casos que no acarrearon cárcel, obligaría al Ministerio de Interior a destruir las pruebas, pero éste insiste en que las previsiones no van en contra del dictamen del tribunal.
RASTREO
En este contexto, la Policía emprenderá en los próximos dos años una labor de rastreo de los 850.000 registros existentes de inocentes para comprobar si alguno aparece relacionado con otro delito. El Gobierno confirmó que por el momento no es posible saber si 500.000 de estos conllevó una pena de prisión y, en consecuencia, la muestra sólo se destruirá una vez constatado, un proceso que podría suponer un coste de 58,6 millones de libras.
Además, el Ministerio del Interior ratificó su intención de retener de manera indefinida todos los perfiles de ADN y huellas dactilares de personas que hayan sido encarceladas y prevé también añadir los de 30.000 delincuentes que hayan sido condenados a prisión en el extranjero por delitos serios.
La titular del departamento, Jacqui Smith, garantizó que las propuestas para la base de gastos aseguran que "está quien debe estar, así como considera quién debe dejar de estar". "Es vital hacer todo lo que podamos para proteger a la gente", declaró, para subrayar que "la base de datos de ADN juega un papel crucial para que muchos de los criminales estén tras las rejas donde pertenecen".
No obstante, el Gobierno advirtió en el informe de las propuestas de que los cambios podrían reducir el número de delitos resueltos gracias a estas muestras y alertó de un "impacto adverso en la protección" de los ciudadanos. Así, según datos del Ministerio de Interior, el pasado año hasta 17.614 crímenes, de los que 83 fueron asesinatos y 184 violanciones, se resolvieron satisfactoriamente gracias al ADN.