MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha advertido este viernes que, tras la convalidación ayer por el Congreso de los Diputados del decreto ley que reforma las tasas judiciales, aquellos ciudadanos que las han abonado y se incluyen ahora entre los colectivos exentos del pago estas tarifas podrán obtener su devolución "siempre que reclamen a la Administración".
En opinión de este colectivo, con ello "se traslada a la parte más desfavorecida de la ciudadanía la responsabilidad por los errores de cálculo" del Ministerio de Justicia. Añaden, que, pese a lo afirmado por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón , el nuevo diseño sigue excluyendo a gran parte de los ciudadanos, que no podrán afrontar los elevadísimos costes de un procedimiento judicial "sobre todo en el actual contexto económico y social".
El decreto ley reduce en un 80 por ciento el tramo variable de las tarifas para las personas físicas y adelanta la aplicación del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita para eximir de las mismas a colectivos como mujeres maltratadas, víctimas del terrorismo, menores desprotegidos o discapacitados.
Según el SISEJ, sin embargo, la salida a la vulneración de derechos que ha provocado la Ley de Tasas "demuestra unos titubeos y una inseguridad" que ellos achacan "a la falta de valoración previa real del impacto que iba a tener la ley".
"Entretanto, por el camino habrán quedado los derechos de quienes renunciaron al auxilio judicial porque la tasa que en su momento debían pagar supuso el golpe definitivo a sus expectativas".
En cuanto a la repercusión económica para la ciudadanía, la reducción de la tasa es mínima, según estos secretarios, porque sólo afecta a su parte variable para las personas físicas, mientras que la parte fija puede llegar a los 1.200 euros. "Quedan por comprobar los sorprendentes cálculos ministeriales según los cuales las tasas se reducen en un 80 por ciento pese a que el impacto de la rebaja en la recaudación sólo será del 5 por ciento", añaden.
PLAZO DE SUBSANACIÓN
Reconocen que aunque el decreto incluye un plazo de subsanación para justificar que se ha pagado la tasa, "no hay ninguna previsión respecto de quienes, mientras tanto, han perdido la posibilidad de ejercitar judicialmente su derecho".
Finalmente recuerda el SISEJ que la norma ha entrado en vigor, una vez más, sin que se hubieran publicado oficialmente los impresos de autoliquidación necesarios, lo que se ha "solucionado" decretando la suspensión provisional de los procedimientos afectados hasta que tales impresos estén listos.
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