Seis asociaciones prosaharauis presentan una demanda por la venta de armas a Marruecos

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis asociaciones prosaharuis han presentado este jueves una demanda en la Audiencia Nacional contra la Secretaría de Estado de Comercio por la venta de armamento a Marruecos, al entender que conculca la legislación española porque ésta impide entregar armas a un país que "viola los Derechos Humanos".

La presentación de la demanda se produce después de que estos colectivos presentaran el pasado 9 de abril una denuncia administrativa ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MTIYC) para paralizar la concesión de autorizaciones de exportación de material bélico al Reino de Marruecos, por considerar que se está contraviniendo la normativa española y la europea.

La denuncia fue archivada por falta de legitimación de las entidades solicitantes, al no tener la condición de interesados, y por el carácter secreto de las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Por esta razón, las organizaciones presentaron un recurso contencioso administrativo el pasado 30 de junio que fue admitido a trámite por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y que las asociaciones han formalizado ahora en demanda.

Los impulsores de esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU).

OCUPACIÓN DEL SÁHARA

La demanda se dirige contra la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, a la que las asociaciones acusan de "finalizar anticipadamente y por la puerta falsa la denuncia". También critican la "opacidad y falta de transparencia con la que se les intenta "hurtar la legitimación" para denunciar un tipo de comercio que califican de "letal".

"Con su actitud, la Administración española contribuye a perpetuar la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, mientras que otros gobiernos europeos, como el francés o el alemán, han suspendido por ejemplo las exportaciones de armas a Egipto por su preocupación acerca del respeto de los Derechos Humanos de los manifestantes que reclamaban el fin del régimen dictatorial que les gobernaba", señalan.

Las asociaciones también destacan que la situación del Sáhara Occidental "ha empeorado en los últimos tiempos tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Isik, acontecimiento que ha sido destacado por algunos analistas como precursor o detonante de las revueltas del Norte de África y Oriente Medio".

También recuerdan que el 8 de junio, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para detallar las últimas operaciones de venta de armamento autorizadas por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble (JIMMDU), la Secretaría de Estado de Comercio defendió la venta de material de defensa y doble uso a Marruecos por considerar que estas exportaciones no violan los Derechos Humanos ni alimentan conflictos en curso y por estimar que los productos no serán utilizados con fines de represión interna.

Según los datos de estas asociaciones, durante los últimos tres años España ha autorizado transferencias de armas a Marruecos por "más de 300 millones de euros", infringiendo así la ley que regula el comercio exterior de material de Defensa y de doble uso (aquél cuyo uso habitual es el civil pero que puede servir también para fines militares) e impide la transferencia de este tipo de productos a Marruecos.

A su juicio, este país "infringe todas las resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en cuanto al Sáhara Occidental", por lo que ese certificado no les ofrece "ninguna garantía" de que no se va a hacer un uso indeseado del armamento.